El Poder Judicial pide más garantías para que la videovigilancia no viole la intimidad e imagen

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer, por mayoría simple, informar al Gobierno que la futura ley sobre videovigilancia debe garantizar "más adecuadamente" los derechos fundamentales a la intimidad e imagen. Por unanimidad, propuso que los jueces que regresen de la política puedan incorporarse a un puesto judicial distinto al ocupado con anterioridad. La sugerencia no vincula al Gobierno, pero se plantea como alternativa a los tres años de excedencia forzosa propuestos en el anteproyecto de la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante.

El debate del pleno sobre el anteproyecto de ley orgánica, elaborado por el Ministerio del Interior para regular la Obtención de Imágenes y Sonidos en Lugares Públicos y su Tratamiento, se prolongó hasta primeras horas de la noche. Oficialmente, el CGPJ informó que la futura ley "resulta viable en el marco de nuestro ordenamiento constitucional". Añadió que, no obstante, el CGPJ "fórmula distintas propuestas a los efectos de garantizar más adecuadamente los derechos fundamentales que pudieran verse afectados y particularmente los relativos a la intimidad y a la propia imagen".Fuentes oficiosas informaron que el largo debate terminó con el acuerdo, por mayoría simple, de pedir más garantías al Gobierno. Concretaron que, entre otros retoques sobre el informe de la comisión de estudios, se acordó sugerir al Ejecutivo que se reduzca el plazo máximo de dos meses para la destrucción de las imágenes innecesarias, que el Estado asuma la responsabilidad por los daños causados y que sólo se permita grabar actos de relevancia pública.

Jueces de ida y vuelta

El pleno deliberó también sobre la primera iniciativa legislativa de Mariscal de Gante, que endurece las condiciones profesionales de los jueces para el desempeño de cargos públicos ajenos a la judicatura. El anteproyecto de ley propone que aquellos jueces y magistrados que ocupen cargos políticos permanezcan en excedencia forzosa durante tres años, antes de reintegrarse a la función judicial. La unánime sugerencia del CGPJ consiste en que el juez afectado pueda optar por tal excedencia o por su incorporación inmediata a la judicatura, pero en un puesto distinto al que abandonó.En caso de que prospere el anteproyecto de ley informado ayer por el CGPJ, la ley orgánica del Poder Judicial incorporará una causa de abstención y de recusación de los jueces hasta ahora no contemplada. Tanto el propio juez como las partes podrán proponer que se aparte del caso aquel magistrado que haya ocupado un cargo público desde el que pueda haber formado criterio sobre un determinado asunto o sobre los afectados por el mismo.

En la elaboración del anteproyecto de ley han estado muy presentes los casos más conocidos de ida a la política con billete de vuelta, como el de Baltasar Garzón, juez instructor del caso GAL antes de su paso por el Congreso y el Ministerio del Interior, y Ventura Pérez Mariño, magistrado antes y después de su pertenencia al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

El largo pleno agosteño del órgano de gobierno de los jueces registró las bajas de dos de sus 21 miembros: Teófilo Ortega y Ramón Sáez. Las sesiones, de mañana y. tarde, se complementaron con un almuerzo, al que asistió la gran mayoría de los vocales del CGPJ, muchos de los cuales se conocieron hace unas semanas, al tomar posesión, tras ser elegidos el 23 de julio por el Parlamento.