Para que nos reunimos

Mañana, lunes, va a reunirse la Mesa de Ajuria Enea. La convocatoria obedece a la petición expresa de tres de sus miembros, que, de acuerdo con las reglas que la propia Mesa se ha impuesto, no podía ser desatendida por su presidente.La petición, por su parte, ha venido motivada por dos acontecimientos recientes: de un lado, la resolución judicial de excarcelar sin fianza al procesado Rodríguez Galindo y, de otro, la decisión política de denegar a los jueces la desclasificación y posterior entrega de una serie de documentos del Cesid que, previamente, mediante otra decisión política, habían sido clasificados como secretos. Estos dos acontecimientos, con todas sus circunstancias y consecuencias, constituirán el orden del día de la reunión.

En esta ocasión, la propia convocatoria de la Mesa se ha visto rodeada de polémica. Ha sido calificada de inoportuna, equivocada, improcedente, perjudicial y hasta disparatada. Para algunos, o bien los acontecimientos reseñados no competen en absoluto a la Mesa, o bien el clima de discrepancia política existente en torno a ellos desaconsejaría una reunión que, en su opinión, estaría abocada de antemano a fracaso.

No voy a pronunciarme sobre las críticas, que cada cual es libre de emitir, ni voy a anticipar los contenidos concretos de una reunión, cuyo resultado dependerá de la actitud y de la aportación de cada uno de sus miembros. Pero, estando las cosas como están, me ha parecido conveniente recurrir a este instrumento excepcional de dirigirme a la opinión pública mediante un artículo de prensa, de modo que, despejados ciertos malentendidos, queden centrados tanto el sentido como la razón de ser de la reunión y propiciado el clima más adecuado para su correcto desarrollo y positivo desenlace.

La Mesa de Ajuria Enea se debe a su carta fundacional, que no es otra que el Acuerdo para la Normalización y Pacificación de Euskadi. En él "nos comprometemos a velar Por que la necesaria defensa del Estado de derecho [...] se produzca siempre dentro del más estricto respeto a la legalidad y de los derechos humanos en general, sintiéndonos legitimados para denunciar [ ... ] los casos en que pueda haber violaciones de dicho principio".

No será mañana la primera vez que la Mesa de Ajuria Enea apele a este compromiso fundacional para pronunciarse sobre la trama de los GAL y sus implicaciones políticas y judiciales. Lo ha hecho ya en repetidas ocasiones y, más concretamente, en su declaración del 11 de enero del presente año, en la que se exigía tanto el esclarecimiento total de los hechos delictivos del pasado como la consecuente determinación de las responsabilidades contraídas y aún no depuradas hasta el presente.

No es ésta, por lo demás, una actitud que responda a ningún deseo de venganza ni a voluntad alguna de aprovechar este asunto para un acoso interpartidario, que no tendría cabida en materia tan delicada como ésta. La Mesa se mueve, más bien, en este caso, por una convicción profunda y por un noble objetivo. La convicción de que la eventual impunidad futura de los delitos cometidos sería tan nefasta para el proceso de pacificación como la misma comisión en el pasado de los delitos que ahora se trata de esclarecer y enjuiciar. Y el objetivo de que las normas en que se articula concretamente nuestro Estado de derecho sirvan de verdad para hacerlo funcionar y no para entorpecerlo y obstaculizarlo.

Los acontecimientos que han motivado la reunión de mañana -excarcelación sin fianza de un procesado por el caso GAL y denegación a los jueces de los documentos reclamados- no son ajenos a ese compromiso fundacional de la Mesa ni a esa convicción y objetivo que todos sus miembros comparten. Todo lo contrario. Inciden de lleno en ellos. Es, pues, lógico que la Mesa se reúna para. valorarlos y, sobre todo, para establecer pautas de comportamiento con vistas a un futuro que, en el caso que nos ocupa, está todavía abierto y no debería cogernos desprevenidos cuando vaya ocurriendo.

El silencio y la inhibición de la Mesa serían, por el contrario, inexplicables, y hasta irresponsables. Los acontecimientos que mañana van a tratarse han creado ya, por sí mismos, perplejidad e inquietud en los sectores más activos y vigilantes de la sociedad. No han sido la Mesa ni su convocatoria las que han removido unas aguas supuestamente remansadas. Grupos pacifistas, fiscales, jueces, políticos y medios de comunicación habían expresado, ya antes, opiniones profundamente divergentes. No se ha tratado de dos decisiones pacíficas, sino muy controvertidas. Decisiones, además, que afectan a áreas tan sensibles para el sistema democrático como la pacificación y el correcto funcionamiento del Estado de derecho. Exigir, en estas circunstancias, el silencio de la Mesa de Ajuria Enea equivaldría a condenarla. a la más absoluta irrelevancia política y social, es decir, a la negación de su misma razón de ser, que no es otra que la de actuar de referente para la normalización y pacificación de Euskadi desde el fortalecimiento del Estado de derecho.

La Mesa se reunirá mañana, por otra parte, en un clima previo de profunda discrepancia entre sus miembros. A quienes quieran ver en esta circunstancia una razón para no reunirla, yo les recordaría que las discrepancias entre los miembros de la Mesa tienden a exacerbarse cuando no se reúnen y a amainar cuando lo hacen. La de mañana no tiene por qué ser una excepción a esta regla, avalada por una experiencia de ocho largos años.

Y no lo será. Quizá discrepemos en la valoración de las dos decisiones que han motivado la convocatoria. Pero estoy seguro de que, mirando a futuro, vamos a ser capaces de acordar criterios para que las normas que hoy articulan nuestro Estado de derecho sean mejores, de modo que principios tan básicos del sistema democrático como la igualdad de todos ante la ley, la responsabilidad del ejercicio de la función pública, la transparencia de los actos del Gobierno, el derecho de todos a que la justicia ejerza sin trabas sus funciones y, sobre todo, la inviolabilidad de los derechos fundamentales de las personas no se vean obstaculizados en su realización práctica por una interpretación torticera de la seguridad del Estado", que cada vez más ciudadanos comienzan a temer que pueda acabar convirtiéndose en una mera coartada de impunidad para quienes ejercemos. el poder desde sus diversas instancias.

Si lo logramos, habremos contribuido a avanzar en la resolución de un conflicto de intereses que, no lo olvidemos, todo Estado democrático tiene planteado y ninguno ha sabido todavía resolver a plena satisfacción. Habremos contribuido también a recuperar la confianza ciudadana en el correcto funcionamiento del Estado de derecho. Y habremos hecho, sobre todo, un gran servicio a la normalización y pacificación de nuestro país.