"No me sirve el Plan hidrológico de Borrell"

, El nombramiento de este enjuto abogado asturiano para dirigir la política del agua y las costas fue una sorpresa. Benigno Blanco, de 38 años, asesor del Grupo Popular en el Parlamento y ex responsable del equipo jurídico de Iberdrola, ha roto una tradición. Estos puestos siempre los habían ocupado profesionales de la ingeniería.Pregunta. Los primeros comentarios al conocer que ocuparía la Secretaría de Estado de Aguas y Costas fueron que el sector hidroeléctrico entraba a saco en la política hidráulica.

Respuesta. Es estrictamente falso. Fui de Iberdrola hasta hace tres meses. Ahora sirvo a los intereses generales, según he jurado expresamente. Decir lo contrario es injusto y calumnioso.

P. Desde su último puesto planteó a la Administración una indemnización de 60.000 millones de pesetas, reducidos luego a 12.000, por los perjuicios ocasionados a la presa de Millares, de Iberdrola, al construirse la presa de Tous. Se sabe que se ha apartado de intervenir en ese litigio. ¿Cómo se resolverá?

R. Me he abstenido con todas las consecuencias. Mi opinión podría influir en la resolución que pueda tomar el Ministerio de Medio Ambiente. No sería ético pronunciarme.

P. Los tribunales han dicho que la presa de Itoiz (Navarra) carece de soporte legal. De estar aprobado el Plan Hidrológico Nacional (PHN),no se plantearían ése y otros problemas de infraestructuras.

R. Si se consolidase la interpretación jurisprudencial de la Audiencia Nacional en el caso de Itoiz, sí; pero en la práctica se hacen obras todos los años. Es el único caso en que un tribunal lo ha interpretado así.

P. ¿Cree que la gente es consciente de la necesidad del Plan Hidrológico Nacional?

R. Es un instrumento legal vinculante para los particulares y las administraciones. No es un compromiso político como el plan de igualdad de la mujer o el gerontológico. Tiene el mismo rango que la Ley de Aguas. Su ausencia crea un vacío normativo muy preocupante, porque nos priva de instrumentos operativos en la articulación hidráulica de España. De ahí su absoluta prioridad.

P. El anterior Gobierno lo tenía prácticamente elaborado.

R. No me sirve el documento de 1993 de Borrell. Subyace una planificación que me parece poco responsable al pretender definir las necesidades de agua en España a 20 años vista y planificar infraestructuras para atender esas necesidades. No hay fundamentos para creer que seamos capaces de planificar a ese plazo sin saber la evolución de la economía, la agricultura y la climatología. Hay que ser más humildes.P. ¿Considera excesivas las previsiones sobre las necesidades de agua?

R. Las cifras que maneja ese plan no cuentan con un apoyo serio. La planificación tiene que hacerse con previsiones constatables sobre un horizonte que no debe ir más allá de los cinco o diez años. ¿Quién sabe cómo va a ser el proceso demográfico o la agricultura dentro de 20 años? No puede ser un brindis al sol.

P. ¿Tampoco les sirve el plan de regadíos que se aprobó y pactó con las comunidades autónomas?

R. No nos sirve porque no se basa en nada. No tiene fundamentos ni estudios serios. Se aprobó casi por sorpresa. El consentimiento de las comunidades se basó en una hipótesis de regadíos cuya documentación no existía cuando se les consultó. Al margen de las opciones políticas de cada uno, el plan de regadíos es puro voluntarismo. Hay que revisarlo íntegramente. Los estudios encargados para sustentarlo todavía no se los han entregado a la ministra de Agricultura. Por supuesto, el anterior ministro ni los conocía cuando elevó al Consejo de Ministros su aprobación.

P. ¿Se encuentran en el mismo caso los planes de las cuencas hidrográficas?

R. También deben ser revisados por el Consejo Nacional del Agua. De su dictamen saldrán luces y datos enriquecedores para el Plan Hidrológico. Luego está el criterio político del Consejo de Ministros, que podrá introducir variaciones.

P. Todo se va a revisar. ¿Puede decirme en qué dirección?

R. Habrá que modificar las previsiones sobre las necesidades de recursos por defecto y por exceso. Y en lo tocante a la calidad de las aguas. Estamos muy lejos de cumplir las exigencias comunitarias.

P. ¿En qué aspectos?

R. Tenemos abiertos dos expedientes en la Unión Europea por incumplimiento de las directivas sobre aguas de baño y la emisión de agentes contaminantes a los ríos. Con la sequía ha sido difícil controlar la calidad de las aguas, pero tenemos que apretar más en la planificación al respecto.

P. Creo que ha sido usted mismo quien ha dicho que España no podrá cumplir los plazos sobre depuración de aguas.

R. Podremos llegar al año 2005 con los objetivos de la directiva cumplidos [depuración de vertidos de volaciones de hasta 0.000 habitantes], pero es difícil cumplir el plazo intermedio, el del año 2.000, [más de 15.000 habitantes].

P. El Gobierno ha anunciado la modificación de la Ley de Aguas en breve.

R . Vamos a dotar de más autonomía a las confederaciones hidrográficas. Podrá ir. en esta reforma o quizá no sea necesario.

P. Se habla de flexibilizar el régimen de concesiones.

R. En este momento las concesiones se vinculan a. una persona concreta y a un uso concreto. Ni siquiera el mismo concesionario puede usar las aguas para usos diferentes a la concesión otorgada hace decenas de años, que nada tiene que ver con sus necesidades actuales. Se trata de que el concesionario pueda ceder total o parcialmente, con autorización de la Administración, ese derecho a usar las aguas para otros usos por él mismo u otra persona. ¿Qué ventajas tiene? Que no se pierdan recursos por el mero mantenimiento de concesiones históricas. El régimen actual petrifica los usos del agua, no los optimiza.

P. ¿Lo que usted llama flexibilización incluye la creación de mercados de agua?

R. No tengo un modelo de mercado del agua, porque sería un modelo teórico. Mi pretensión es que en España se abra esta puerta para que haya transmisiones de derechos de usos de agua. Y a la luz de la experiencia, definir los ámbitos de lo que podríamos llamar el mercado de agua. Supongo que este tipo de transferencias se producirán con carácter local y comarcal. Si se deduce que funciona, no se puede ir contra la realidad, podrá ampliarse, o a lo mejor me equivoco.

P. ¿Cabe extender el mercado a, los trasvases?

R. Si el mercado del agua demuestra que es operativo para asignar mejor los recursos hidráulicos, puede ser un sustrato para una política de trasvases, para que no dependa de una decisión política, sino que responda a una aplicación óptima y rentable en beneficio del cedente y del beneficiario. Lo mismo sucede con la financiación privada. Es bueno que el país se acostumbre a la financiación extrapresupuestaria allí donde haya posibilidad de repercutir los costes. La visión del Estado keynesiano que se responsabiliza de todo pertenece a la historia. Debe promover y garantizar el uso común, pero no hay razón para que lo haga a su costa permanentemente, cuando la sociedad quiere y puede financiarlo con menores costes.

P. Mercado del agua, financiación privada... ¿no irán a delegar la protección de las costas?

R. Me planteo establecer mecanismos óptimos para coordinar las distintas competencias sobre el dominio público costero. Las conquistas históricas de protección de la costa española son irrenunciables.