Estrategia de deslegitimación

El 3 de marzo hubo unas elecciones generales. Y en dichas eleccciones el cuerpo electoral -un cuerpo electoral único, integrado por millones de ciudadanos, pero único- adoptó una decisión, en cuya interpretación parece haber acuerdo: el PP debía sustituir al PSOE en el Gobierno, pero el PSOE debía protagonizar la oposición a dicho Gobierno. En ninguna ocasión desde 1977 el cuerpo electoral había vinculado de forma tan estrecha la acción de gobierno y la de oposición.En esta decisión del cuerpo electoral está la fuente de legitimidad del PP como Gobierno de la Nación y la fuente de legitimidad del PSOE como oposición al mismo. En el momento de la votación los ciudadanos vemos cancelada nuestra individualidad y pasamos a ser fracciones anónimas de un cuerpo electoral único que pronuncia la voluntad general. Sin ello la democracia no es pensable intelectualmente ni organizable técnicamente. Por eso la decisión legitimadora de todos los elementos del sistema político es única. Ni hay ni puede haber fuentes de legitimación diversas para el Gobierno y para la Oposición.

Perdonen que recuerde lo obvio. Pero es imprescindible. El PP, acompañado de acólitos, algunos previsibles y otros sorprendentes, parece aceptar el resultado del 3-M en lo que supone la legitimación del Gobierno, pero no en lo que hace a la legitimación del PSOE como oposición. Apenas han aparecido las primeras dificultades en la acción de Gobierno (emigración, déficit público...) y el PSOE ha formulado las primeras críticas, de manera muy educada por cierto, a la misma, el Gobierno y el PP se han descolgado con una estrategia de deslegitimación, reprochándole al PSOE que se atreva siquiera a abrir boca.

En realidad se trata de una prolongación de la estrategia seguida en la pasada legislatura. Como se recordará, la misma noche del 64 de 1993, Alberto Ruiz Gallardón y Javier Arenas iniciaron el proceso de deslegitimación del resultado electoral, proceso que no se detendría ni un momento a lo largo de la legislatura. El Gobierno del PSOE era legal, pero no legítimo. Por eso, contra él valía todo. Por eso José María Aznar se negaba a entrevistarse siquiera con, el Presidente del Gobierno como no fuera para fijar la fecha de la convocatoria de elecciones. El coste de esa estrategia para nuestro sistema político está todavía por evaluar.

Tras las elecciones del 3-M lo lógico parece que hubiera sido que el PP abandonara esta estratega de deslegitimación del adversario y se centrara en la "dirección política del país", que es la tarea que el art. 97 CE encomienda al Gobierno.

Y sin embargo, no está siendo así. La pretensión del PP de ignorar que los ciudadanos votaron el 3-M con pleno conocimiento de lo que había sido la acción del Gobierno del PSOE durante cuatro legislaturas y que, precisamente por eso, lo alejaban del Gobierno, pero lo potenciaban como Oposición, es estéril y peligrosa.

Estéril, porque es imposible mantener a un país pendiente del pasado. Los ciudadanos saben lo que han sido los ochenta. Por eso han votado como han votado en el 93 y en el 96. Ahora van a empezar a juzgar otro periodo. Y este juicio es inexorable, por muchas artimañas que se quieran poner en marcha para evitarlo.

Peligroso, porque una estrategia de deslegitimación desde el Gobierno tiene costes altísimos. Es el crédito del Estado, no sólo en el sentido estrictamente económico, aunque también, el que se ve afectado por una actuación de esta naturaleza. Cuando el Gobierno le pierde el respeto a la fuente de legitimidad de todo el sistema político, está sentando las bases para que se lo pierdan a él. Y más pronto que tarde. Y tanto dentro como fuera del país.