El Ejecutivo rectifica y descarta congelar la oferta de empleo público para el próximo año
El Gobierno ha dado marcha atrás en la anunciada congelación de la oferta de empleo público. Pese a los anuncios realizados en los últimos días por diversos altos cargos, en 1997 habrá "oferta de empleo público en los sectores que sea necesario". Ese anuncio fue realizado ayer tras abrirse la mesa negociadora de funcionarios por Francisco Villar, secretario de Estado para la Administración Pública. En ella no se hizo ninguna oferta a los sindicatos de funcionarios sobre retribuciones, pero el Consejo de Ministros decidía a la misma hora que su propuesta de partida será la congelación salarial.
El secretario de Estado para la Administración Pública, acompañado del secretario de Estado de Presupuestos y Gasto, José Folgado, aseguró ayer claramente que en 1.997 "no va a haber congelación de empleo público. Va a existir oferta en los sectores que sea necesario". Francisco Villar añadió que "habrá entrada de personas de fuera" en la función pública, con "convocatorias de oposiciones", aunque todavía no puede precisar "ni dónde ni cuántos". Con ello se producía una clara rectificación respecto a declaraciones anteriores de diversos altos cargos en foros públicos.Respecto a las retribuciones de los funcionarios, Villar y Folgado utilizaron una gran ambigüedad. En todo momento aseguraron que "no hay nada decidido" y el secretario de Estado de Presupuestos dijo que los aumentos salariales para este colectivo "tienen que situarse en el contexto general del país" y acordes con el cumplimiento de los criterios de convergencia y de recorte del déficit público.
En suma, durante la primera reunión de la mesa de la Función Pública no se presentó ninguna oferta en relación a los salarios de 1997. Sin embargo, a la misma hora el Consejo de Ministros decidía que, como punto de partida, se propondrá la congelación salarial y se evitará que el gasto para sueldos de los empleados públicos supere el 1%. En esa cifra hay que tener en cuenta que los deslizamientos -subida de categorías y mejora por antigüedad- suponen un aumento automático del 0,9% en el gasto.
En el encuentro entre la Administración y los sindicatos -CC OO, UGT, CSIF, ELA-STV, CIG y LAB- tan sólo se decidió el calendario y el método de negociación. En las próximas semanas se abrirán distintas mesas que seguirán trabajando a lo largo de julio y septiembre: retribuciones y empleo; problemas del, personal laboral en el exterior; acuerdo marco del personal laboral; mesas sectoriales de Administración central, Sanidad, Enseñanza, Correos y Justicia; salud laboral; formación continua; análisis del Estatuto de la Función Pública, y acuerdo para la solución extrajudicial de conflictos en la Administración General del Estado.
El secretario de Estado para la Administración Pública avanzó que los acuerdos de 1994 son "un marco adecuado" de discusión. Él interpreta que el Gobierno del PSOE se comprometió entonces con los sindicatos "a una subida dé los salarios según el IPC, condicionada al marco presupuestario y económico".
La interpretación de los sindicatos es que la subida debe ser igual que el IPC sin más. Carlos Sánchez (CC OO) entiende que, si la Administración dice que va a respetar los pactos de 1994, no habrá congelación salarial. "Por tanto las espadas están en alto; seremos muy beligerantes", añadió. Según sus cálculos, los funcionarios habrán perdido más de 11 puntos de poder adquisitivo entre 1993 y 1997 si se aplica por fin la congelación el próximo año. Julio Lacuerda (UGT) informó que los negociadores en nombre de la Administración les han reclamado "un esfuerzo de solidaridad". Y la respuesta de esos dos sindicatos es que la solidaridad se tiene que concretar en ese marco negociador, en temas como el empleo, la modernización de la Administración, la incorporación de nuevas tecnologías, o el Estatuto de la Función Pública.
El dirigente de CSIF Enrique Alonso aseguró que "este Gobierno se juega la credibilidad ante casi dos millones de funcionarios" si incumple los acuerdos de 1994. Y los representantes de ELA, CIG y LAB plantearon sus propias peticiones, entre ellas la descentralización de la negociación y el bilingüismo.
