Portugal ultiliza un plan de emergencia para reactivar su economía

El Gobierno socialista portugués está a punto de culminar un ambicioso plan de reactivación económica. El Ministerio de Economía ha aprobado ya una ley que regularizará las deudas de las empresas al Estado y un sistema de garantías a los préstamos bancarios que será acompañada en breve por un plan de apoyo a las empresas en crisis y una nueva ley sobre quiebras. El plan Mateus -lleva el apellido del ministro de Economía- pretende salvar 2.500 empresas en crisis y más de 300.000 empleos.

El ministro de Economía, Augusto Mateus, explica que este plan pretende, por un lado, "regularizar de forma excepcional las deudas al fisco y a la Seguridad Social de cerca de 100.000 morosos entre empresas, particulares y sociedades sin fines lucrativos, lo que supone un total de cerca de 1.300 millones de pesetas de deuda".Asimismo, según el responsable de este departamento, el Sistema de Garantías del Estado a los Préstamos Bancarios, pretende facilitar la recuperación económica de "cerca de 2.500 empresas en dificultades, de las cuales unas 1.000 pueder ser consideradas salvables por las entidades avaladoras, los bancos, a través de los proyectos que ya han sido presentados".

Los portavoces gubernamentales precisan que la nueva ley de regularización de deudas al Estado "no supone ninguna amnistía o perdón fiscal, sino que obliga a cumplir los compromisos fiscales de todos los contribuyentes como regla general de la economía portuguesa''.

Desde la Revolución de Veinticinco de Abril, que restauró las libertades democráticas en Portugal, han sido promulgadas cinco amnistías y decretados cinco regímenes especiales para regularizar deuda, al fisco, sin que estas medidas obtuvieran el más mínimo resultado.

Veintidós años después de la Revolución de los Claveles, fraude a la Hacienda y a Seguridad Social portuguesa, son una constante entre empresas y particulares, a pesar de los regímenes especiales decretados y las amnistías aprobadas por la Asamblea de la República, la última de ellas en julio de 1991, con la mayoría absoluta del Partido Social Demócrata (PSD) y en vísperas de elecciones generales.

El ministro de Economía, Augusto Mateus, asegura que este nuevo proceso de regularización de deudas no supone "un perdón fiscal, puesto que los morosos deberán pagar el total de su deuda y los acreedores no podrán reducir o renegociar esas cifras; por eso mucha gente no está de acuerdo con esta ley". No obstante, Mateus asegura que este nuevo proceso será flexible con las modalidades de pago. Los grandes deudores podrán pagar en cómodos plazos y los particulares con bajos rendimientos y las instituciones sin fines lucrativos dispondrán a partir de ahora de soluciones más favorables para regularizar sus obligaciones con el Estado.

A juicio de Mateus, la futura ley de quiebras y el plan de reanimación de empresas en crisis agilizará los procesos de recuperación económica de forma que las compañías no consigan esa asistencia "cuando estén prácticamente muertas".