La juez decide continuar el 'caso Rubio' por falsedad y archivar el resto de delitos

La juez Gemma Ortega ha confirmado la decisión del instructor del caso Rubio de continuar la causa contra el ex gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, y el ex síndico de la Bolsa de Madrid, Manuel de la Concha, aunque sólo por falsedad en documento. Por contra, ha dictado el sobreseimiento de los delitos de cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, tráfico de influencias y delitos contra la Hacienda Pública.De esta forma, la magistrada, que ha sustituido a José Emilio Coronado en el juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, ha desestimado los recursos del fiscal, de Rubio y De la Concha contra el auto en el que se abrió procedimiento por supuesta falsedad en documento público.

El caso Rubio se sigue para investigar en qué delitos pudieron incurrir Mariano Rubio y Manuel De la Concha en relación a una cuenta del primero, supuestamente opaca al fisco y que era gestionada en la entidad bancaria del segundo. El fiscal estimó en su recurso que debía seguir investigándose también si Rubio y De la Concha incurrieron en delito fiscal y en tráfico de influencias, petición a la que se adhirieron el abogado del Estado y la acusación ejercida por el empresario José María Ruiz Mateos, mientras que las defensas pidieron el archivo de todas las actuaciones.

La juez recuerda en el auto que las partes personadas pueden interponer un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid contra esta resolución en el plazo de tres días. El auto señala que el fiscal y las partes que se adhirieron a él manifiestan que la instrucción de la causa no se encuentra concluida al no haberse practicado diligencias acordadas en su día. Sin embargo, la juez señala que, a juicio del instructor, no deben practicarse nuevas diligencias, ya que se ha efectuado la investigación necesaria y, que las pruebas practicadas son "más que suficientes" para determinar el sobreseimiento de los delitos referidos.

El auto ahora confirmado señala que se han acreditado indicios de falsedad y de delitos contra la Hacienda Pública, pero respecto a esto último ha quedado despenalizada la conducta de Rubio y De la Concha. Esto se debe a la Ley 6/95, que elevó de seis a 15 millones la cuota de defraudación considerada delictiva.