La sala del "caso Roldán" también juzgará a los constructores

La Audiencia de Madrid juzgará a los 14 procesados del caso Roldán, incluidos seis constructores cuyo procesamiento había sido anulado el 19 de junio y que están acusados de pagar comisiones a Luis Roldán por concesiones de obras para la Guardia Civil. La sala que juzgará al ex director del instituto armado ha reconsiderado su primera decisión al estimar íntegramente el recurso de Marcos García Montes, abogado de la acusación, ejercida por José María Ruiz-Mateos. La sala adopta su nueva decisión en contra del criterio del fiscal y del abogado del Estado, que consideran, como hizo la Audiencia al principio, que el delito de cohecho atribuido a los constructores ha prescrito.Los constructores son Mario Caprile, lldefonso Aguilar y Manuel Carbajosa, presidente, consejero delegado y director de explotación de Huarte; Carlos Zuazo, presidente de Sierra Comendador, y Manuel y Antonio Messa Bussareu, vocal y consejero delegado de Cubiertas y Mzov. Los demás juzgados serán Luis Roldán; su esposa, Blanca Rodríguez Porto; su ex compañera sentimental Elisa Rodríguez; su presunto testaferro, Jorge Esparza; el general de la Guardia Civil Manuel Llaneras; Juan Jorge Prieto Pardina, ex director de una agencia del BBV; Agustín Blázquez y José Herminio Lastra. Este último era el único constructor procesado inicialmente.

Cohecho

El tribunal considera ahora que la acusación califica los hechos atribuidos a todos los constructores como delito de cohecho grave, por lo que el plazo de su prescripción sería de cinco años, que no han transcurrido desde que se pagó la primera comisión hasta que se formuló la acusación.La sala explica que cuando dictó el auto anterior sólo tuvo en cuenta que el fiscal y el abogado del Estado habían solicitado la prescripción de delito imputado a los constructores en cuestión, al atribuirles una modalidad de cohecho menos grave, con un plazo de prescripción de tres años, en cuyo caso sí habría transcurrido.

Sin embargo, la sala afirma que la acusación ha calificado los hechos como cohecho grave, con un mayor plazo de prescripción.

El delito apreciado por la acusación castiga a los que con "dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas" corrompan o intenten corromper a las autoridades o funcionarios públicos.