'Caso Whitewater"
TRECE MESES de investigación parlamentaria sobre el asunto Whitewater no han servido a los republicanos para lograr su objetivo de pillar en un renuncio indiscutible al presidente Clinton o a su esposa Hillary. Estos esfuerzos ni siquiera parecen haber hecho mella de momento sobre las intenciones electorales, a juzgar por los sondeos. Pero la propia acumulación de casos en torno a los Clinton supone un riesgo a medida que se acerca la convocatoria electoral de noviembre.Con Robert Dole como candidato probable pero poco entusiasmante, los republicanos están intranquilos. No puede sorprender la búsqueda de un punto débil en el presidente o en su entorno, aunque Estados Unidos no sea país que se haya caracterizado hasta ahora por una judicialización de su vida política. Y en el país del Watergate, el papel de la Prensa ha sido esta vez sumamente discreto. Los medios de comunicación han ido a remolque de la actualidad judicial o parlamentaria, aunque no han faltado revelaciones.
Quizás el caso Whitewater resulte demasiado alejado y enmarañado. Las sospechas de que los Clinton -y en particular Hillary- habían mezclado política y negocios en su Estado natal de Arkansas no se han disipado. Pero la comisión de investigación del Senado no ha resultado concluyente, pese a sus 13 meses de trabajo y al desfile de 245 testigos. Tras este esfuerzo cuyo coste ahora critican los ciudadanos, la mayor acusación de los diez republicanos que integraban la comisión, junto a otros nueve demócratas que han llegado a conclusiones opuestas, ha sido de ocultación, manipulación de la verdad y abuso de poder.
Ninguna prueba, ni tampoco nuevos datos. Sólo críticas o insinuaciones sobre el comportamiento de la primera dama, por haber destruido documentos de su bufete en Arkansas, por dificultar la investigación del suicidio en 1993 de un consejero jurídico de la Casa Blanca y por no reconocer su papel en el cese del personal de viajes de la Presidencia ese mismo año. La única acusación sustanciada contra el presidente es que hizo uso de los servicios jurídicos de la Casa Blanca para afrontar el caso Whitewater y otros problemas. La palabra la tienen ahora las investigaciones judiciales en curso, tanto en Arkansas como en Washington.
Si el asunto Whitewater parece por el momento controlado, Clinton tiene los pies en otra serie de lodos que van desde una denuncia por acoso sexual hasta la financiación ilegal para su campaña de 1990 a la reelección como gobernador de Arkansas. Pero quizás el potencialmente más grave atañe a su Jefe de seguridad, Craig Livingstone, que ha dimitido esta semana tras las revelaciones de que había pedido al FBI informes de varios centenares de personalidades vinculadas a la Casa Blanca en anteriores administraciones, es decir, información sobre los hoy rivales políticos. Este caso ha generado ya nuevas investigaciones parlamentarias, tanto en la Cámara de Representantes como por parte del Comité Judicial del Senado. Y, en contra de Whitewater, el asunto de los informes del FBI no se refiere a Arkansas ni a los años setenta u ochenta. Sino a Washington, con los Clinton en la Casa Blanca.
Las aguas no bajan nada limpias. Y si se siguen removiendo pueden acabar ensuciando a los moradores de la Casa Blanca. Es la gran esperanza de los republicanos frente a un Clinton que se ha apoderado del centro del escenario político.
