Dineros opacos

ESTABLECER UN marco legal realista y funcional para la financiación de los partidos políticos se está revelando un objetivo casi inalcanzable, algo así como la cuadratura del círculo. En esa tarea ha estado empeñada durante casi dos años la comisión parlamentaria que se constituyó en mayo de 1994 sin que fuera capaz de alcanzar una base de consenso. El objetivo es evitar que las finanzas de los partidos sigan siendo materia de sumarios judiciales y continuos escándalos que, de Filesa para abajo, han sacudido a casi todos los partidos políticos.Ante las dificultades que reveló la anterior legislatura para alcanzar un acuerdo, el Partido Popular ha decidido presentar, con el apoyo de sus socios nacionalistas, una proposición de ley en el Congreso. A falta de consenso, así se abrirá al menos un debate parlamentario sobre una cuestión que no puede demorarse indefinidamente porque los partidos sean incapaces de ponerse de acuerdo. Pero el nuevo texto incluye algunas cláusulas discutibles y otras que directamente invalidan la ley, si es que con ella se trata de depurar de una vez por todas los mecanismos de financiación de los partidos. Es el caso de las donaciones, anónimas y, entre éstas, muy especialmente las de las empresas, que la ley propone convalidar.

Abrir la mano a la financiación privada sin tocar para nada la pública es el planteamiento del PP y sus socios. Ningún atisbo de cambio, pues, en la filosofía de siempre: fijar los ingresos en función de los crecientes gastos, y no al revés. Una filosofía que está en la raíz de la búsqueda de vías irregulares de financiación para superar el desfase entre ingresos y gastos. Los partidos seguirán percibiendo importantes subvenciones públicas -este año, unos 9.000 millones de pesetas- a Cuenta de sus gastos ordinarios, electorales y parlamentarios, al mismo tiempo que se facilita la llegada de dinero privado.

El PP y los nacionalistas proponen así que el tope de las aportaciones anónimas se eleve al 10%) de las subvenciones totales públicas -actualmente está en el 5%- y que las empresas puedan aportar en cada caso hasta 15 millones de pesetas. ¿Dónde está la austeridad en el gasto, la transparencia de la contabilidad y la publicidad de los ingresos que se pregonaban cuando empezó a asomar el escándalo Filesa? Los socialistas proponen reducir las donaciones a personas físicas y nunca con carácter anónimo. Izquierda Unida rechaza cualquier tipo de financiación privada.

Es cuestionable que la financiación privada por sí misma corrompa a los partidos. La legislación actual podrá ser más o menos acertada en este punto, pero no explica la proliferación de los escándalos de corrupción de estos años. Los socialistas deben saberlo mejor que nadie. Tienen razón, sin embargo, en exigir la transparencia de la entrada de dinero privado a las arcas de los partidos y la identidad del donante. Esa transparencia, además, sería indispensable para establecer desgravaciones fiscales como pretenden algunos partidos. Es probable que la publicidad no termine con la corrupción, pero al menos la dificulta, En cualquier caso, es elemental que, si se aceptan donaciones de empresas, queden excluidas las públicas, o las que presten servicios o realicen obras para la Administración, del Estado.

Que el modelo de financiación de los partidos sea público, privado o mixto es discutible. También lo es que las empresas concurran o no a esa financiación y que desgraven sus aportaciones. Pero lo que no admite discusión es que cualquier modelo debe ser transparente. Sin transparencia de las fuentes de financiación, tanto públicas como privadas, no hay defensa posible frente al tráfico de influencias o las transacciones dudosas. Sería tanto como legalizar el dinero negro a cambio de evitar las facturas falsas. Los partidos seguirían enfangados en la corrupción. Eso sí, con la ley de su parte.