El Ayuntamiento obtiene el teatro Martín a cambio de permitir hacer pisos

La vieja historia de la especulación. Un teatro en baja forma cambia de manos y los nuevos dueños dejan que se derrumbe porque no interesa el negocio cultural, sino el inmobiliario. Y el Ayuntamiento permite finalmente que se hagan pisos. A cambio obtiene una sala. El teatro Martin (con protección integral en el documento inicial del nuevo plan general) se derribará para construir apartamentos con la anuencia del equipo de gobierno del PP, con la excusa de que se mantiene el uso cultural, que ratificó ayer en pleno un convenio que da luz verde a la operación.

El techo del teatro Martín se derrumbó en mayo de 1994, cuando sus actuales propietarios, la sociedad Pamonsa, ya había iniciado los trámites para convertirlo en viviendas. De la negativa municipal a la recalificación del solar siguió la declaración como edificio protegido íntegramente (fue construido en 1870 por el arquitecto Manuel Felipe Quintana y remozado en - 1919 por Teodoro Anasagasti), la denegación de la declaración de ruina y su inclusión en el catálogo de aquellos sobre los que el Ayuntamiento ejercería el derecho preferente de compra en caso de que sus propietarios pretendieran venderlos.Los arquitectos Luis Moya y Carlos Pérez publicaron una tribuna en este diario en 1993 en la que consideran que el teatro Martín "presenta valores intrínsecos en sus sistemas constructivo y estructural". Ahora Pamonsa lo derribará y podrá construir viviendas a cambio de un teatro de 416 localidades para el Ayuntamiento.

No es que el equipo de gobierno haya decidido potenciar su actividad teatral. El concejal de Cultura, Juan Antonio Gómez Angulo, se enteró el miércoles por una llamada de este diario de que iba a tener una sala más para gestionar. Todavía no se ha decidido el uso y la fórmula de explotación del teatro.

El del teatro Martín era uno de los 25 convenios con propietarios de suelos que desarrollan una parte del plan general. Las iras de los grupos de la oposición se centraron ayer en buena medida en la falta de transparencia que aprecian últimamente en la gestión de Urbanismo. El decreto del Gobierno estatal sobre la liberalización del suelo, la aprobación de los 25 convenios en un solo punto del orden del día y la decisión de no volver a sacar a información pública el plan general como había prometido el PP son ejemplos, según el PSOE e IU, del modo de operar oscurantista.

Para fomento del optimismo municipalista, el pleno de ayer llegó a contemplar un cierto debate político después de muchos meses de tediosa medianía. El concejal de Urbanismo, Ignacio del Río, el edil socialista José María de la Riva, y el portavoz de IU, Paco Herrera, discutieron en una polémica con atisbos parlamentarios cómo había que hacer urbanismo. Y pertrechados con algunos papeles.

La oposición critica que el decreto del Gobierno sobre el suelo hurte al pleno la aprobación inicial de determinados documentos de planeamiento en favor del alcalde, quien a su vez ha delegado esa potestad a la comisión de Gobierno. Del Río argumenta que se salva la participación democrática porque los partidos tienen acceso a los expedientes y, en todo caso, se sigue un procedimiento similar a los proyectos de ley (el Gobierno los aprueba y remite al Congreso, donde la oposición presenta enmiendas).

Además, el responsable de Urbanismo aduce que con la rebaja de las cesiones al Ayuntamiento del 15% del aprovechamiento al 10% no se ha hecho sino aplicar medidas que ya recogía el decreto-ley que acompañaba al de prórroga de presupuestos de 1996 aprobado por el PSOE antes de las elecciones. De la Riva replica que esa disminución formaba parte de un conjunto de medidas y calcula que el Ayuntamiento pierde la oportunidad de ofrecer suelo para 20.000 viviendas anuales.

Recordó De la Riva que el propio PP presentó un proyecto de ley en octubre pasado al Congreso de los Diputados en el que pedía que se mantuviese ese porcentaje en tanto no se modificase la financiación de las corporaciones locales. IU votó parcialmente a favor de la moción presentada por el PSOE para discrepar del decreto del Gobierno y estudiar otras normativas más adecuadas a la realidad municipal, pero el PP la rechazó de plano.

Al igual que en el caso del teatro Martín, Banesto logrará legalizar sus obras sin licencia en el club que posee en Hortaleza a cambio de un túnel en la calle de Añastro que ha surgido por arte de magia de alguna mente municipal, sin que el PP lo hubiese incluido hasta ahora en sus proyectos confesados.

Para terminar de estimular la segregación de bilis de la oposición, Del Río ofreció volver a sacar a información pública el plan general a cambio de que el PSOE e IU votasen a favor de este documento. Herrera desechó el "argumento de niños pequeños" y De la Riva pidió a Del Río que no le tocase "el pelo".

Plazas para siempre. El pleno municipal dio ayer luz verde, con los votos en contra de la oposición, el comienzo de las actuaciones necesarias para que las plazas de aparcamientos para residentes pasen a ser propiedad de los adjudicatarios. Ahora sólo poseen una cesión por 50 o 75 años. Aunque en principio se había pensado que los ciudadanos pagasen entre 50.000 y 100.000 pesetas por el derecho de propiedad total, ayer el concejal de Tráfico, José Ignacio Echeverría, aseguró que sólo se pagarán los gastos de escrituración. Los honorarios notariales por la compra de una plaza de 1,5 millones ascienden a 17.250 pesetas.

Oposiciones. El PP aprobó en solitario la convocatoria de empleo público (591 plazas, de las cuales 93 se reservan a funcionarios). El concejal de Personal aplica su dieta contra las plantillas "obesas al tiempo que anémicas" y Manuel Lindo (de IU) le previno de los "peligros de la anorexia".