El fiscal recurre la decisión de Gómez de Liaño de entregar cintas a una investigada

La Fiscalía Antidroga ha recurrido la decisión de Javier Gómez de Liaño, el titular del Juzgado Central número 1 de la Audiencia Nacional, de hacer entrega a una mujer de las cintas grabadas de su teléfono móvil mientras era investigada por narcotráfico. Finalmente, no resultó imputada y, por tanto, se acordó el cese de la intervención. El recurso del fiscal, que estima que a través de ese teléfono se obtuvieron datos relevantes, invoca que la jurisprudencia no avala la entrega de las grabaciones en estos casos, sino su destrucción.El pasado día 17, Gómez de Liaño ratificó la denegación de la prórroga de la intervención del teléfono inalámbrico de una mujer investigada por una operación de narcotráfico en Galicia. Al mismo tiempo, acordó informarle de que su aparato había estado intervenido -sin conocimiento del fiscal- desde el 14 de noviembre de 1995 hasta el 9 de abril de 1996 por acuerdo del juez Carlos Bueren, el anterior titular de su juzgado.

Gómez de Liaño anunció la entrega a la escuchada de todas las decisiones y los recursos, "por si las precisara para el ejercicio de las acciones que estimase pertinentes por vulneración de derechos constitucionalmente relevantes", matiz este último omitido en una segunda providencia.

Igualmente, Gómez de Liaño acordó la entrega a esa mujer de las cintas que se le habían grabado. Sin embargo, tras consultar con la fiscalía, resolvió que se le cedieran únicamente copias, ya que darle los originales sería sustraer a la causa pruebas que deben estar en manos del tribunal.

El 'caso Naseiro'

Su decisión, según personas próximas a él, se inspiró en la doctrina planteada por el Tribunal Supremo en el caso Naseiro, que establece que cuando cese una intervención telefónica debe ponerse en conocimiento de quien ha sido objeto de la escucha "para que ejercite las acciones, si lo desea, que puedan corresponderle".La Fiscalía Antidroga acepta que, efectivamente, debe comunicarse el cese del pinchazo al afectado, pero rechaza que se le entregue lo grabado, ya que el auto del Supremo acuerda en los casos de intervención telefónica injustificada o concluida "la destrucción inmediata de todas las cintas y de sus transcripciones telegráficas". Asimismo, invoca que la decisión de Gómez de Liaño supone hacer entrega de elementos sumariales a una persona por un conducto ajeno al establecido, ya que la titular del teléfono no es parte de la causa, pues no figura en ella como imputada.

Pero, más allá de la polémica jurídica, la fiscalía ve con temor que esta mujer tenga acceso a las grabaciones efectuadas, ya que, a través de su inalámbrico, capos de la organización investigada dieron datos cuya escucha resultó crucial para la policía.

Según fuentes de la Fiscalía Antidroga, por medio de dicho teléfono se obtuvieron "las fechas exactas de los contactos establecidos, lugar de las reuniones, viajes a Suramérica y barco adquirido por la organización para el traslado de la droga". Por todo ello, la fiscalía entiende que la escucha dio "resultado positivo para la instrucción".

La decisión de Gómez de Liaño se produjo después de que la Audiencia Nacional aprobase la legalidad de las intervenciones telefónicas acordadas por Bueren, incluida la que ahora es objeto de esta batalla jurídica.

Fuentes próximas a Gómez de Liaño restan trascendencia a la entrega o no de las cintas grabadas y agregan que el sumario se halla ya concluso, por lo que no cabe que tal hecho interfiera en la investigación judicial.

El juez prevé dar respuesta la próxima semana a este recurso y valora la posibilidad de simplemente dejar a la investigada que escuche las cintas.