"Estoy dispuesto a denunciar al fiscal al que no me responda"

Algo desentona en el despacho barroco, escasamente iluminado, que ocupa el Defensor del Pueblo, en un palacete aledaño al paseo de la Castellana en Madrid. Son varios carros metálicos de supermercado. No están llenos de galletas ni detergentes. Contienen pilas de carpetas con expedientes a la espera de ser firmados por Fernando Alvarez de Miranda, 72 años, que acaba de presentar ante el Parlamento el primer informe enteramente suyo sobre la actividad de la institución que preside durante 1995.No tiene reparos en admitir que la maquinaria no está suficientemente engrasada. "Entono el mea culpa. Es una espina que tengo clavada. Tardamos más de lo que quisiera en contestar. Me gustaría hacerlo en el plazo máximó de un mes. Criticamos a las administraciones y nosotros no somos lo suficientemente rápidos. Pero hay ocasiones en que nos llegan auténticas avalanchas de peticiones. Si se hace un cálculo, con 15.000 expedientes al año creo que pongo más firmas que el notario más importante de España".

Pregunta. ¿No cree que la figura del Defensor ha perdido relevancia? Sólo se habla de él cuando presenta los informes y se debate en las Cortes. El resto del año, nada.

Respuesta. Habrá ciudadanos que piensan que es una institución superflua, que no sirve para nada. Desde su perspectiva personal, quizás han pensado en el Defensor Pueblo como una segunda instancia que podría darles la razón cuando no la obtuvieron en los tribunales, y se sienten defraudados. También es verdad que las encuestas -casi me da vergüenza decirlo- nos colocan después de la Corona como institución más valorada. Otros pensarán que nos mojamos poco.

P. ¿Tienen motivos para mojarse Menos o es que no se arriesgan? Apenas interponen recursos de inconstitucionalidad.

R. Al crearse la figura del Defensor se estableció ese procedimiento cuando había claramente una violación de los derechos fundamentales, no cualquier derecho, aunque la ley lo permita. No se puede actuar de una manera ligera. Tiene que haber un fundamento serio.

P. ¿En ninguna ocasión han estado tentados durante 1995?

R. Cuando se nos planteó, como en el caso del Estatuto de Ceuta, que recibimos 17.000 firmas, dudamos. Lo sometimos a dictámenes de expertos constitucionalistas como el profesor Rubio Llorente, quien, tras un estudio exhaustivo, concluyó que no se había violentado el espíritu de la Constitución; que no había motivos para el recurso.

P. ¿No ha advertido de oficio ningún otro motivo recurrible?

R. Estuvimos a punto de hacerlo contra la Agencia Tributaría y el Ministerio de Hacienda. Lo estudiamos.

P. ¿Ah sí? Diga, diga.

R. Nos han llegado muchas denuncias de pobres mujeres que tras conflictos matrimoniales y muchas sentencias favorables en las que se les reconocen pensiones alimenticias, se quedan en la puta rue, con perdón. Eso es intolerable. Entonces empiezas a buscar a los responsables del tema y ves que los tíos son tan listos que no hay manera de hacerles que paguen las pensiones.

P. ¿La propuesta de crear un fondo de pensiones con cargo al Estado es para para frente a estas situaciones?

R. Sí. Hicimos una recomendación al ministro de Economía y Hacienda y a la Agencia Tributaria para que ordenaran a todas sus delegaciones mantener un criterio uniforme, y que todas -no como ahora, unas sí y otras no- facilitaran a los jueces los datos fiscales de quienes tienen que pagar y no pagan. El anterior ministro nos rechazó la recomendación. Fue entonces cuando valoramos poner el recurso de inconstitucionalidad. La Agencia Tributaría nos dijo que únicamente facilitan a los jueces datos fiscales de aquellos individuos que supuestamente cometen delitos públicos, no delitos privados como un pleito entre cónyuges, de naturaleza económica importante. Se cerraron en banda. Pero no hemos abandonado. Voy a dar la batalla en las Cortes para que los diputados lo discutan.

P. En su informe es muy contundente al plantear la dudosa inconstitucionalidad de la Ley de Secretos Oficiales.

R. Nos preocupa profundamente que existan áreas de inmunidad para la tutela y la defensa efectiva de los ciudadanos. Esa forma de clasificar y desclasificar secretos oficiales [informes del Cesid] por parte de la Junta de Jefes de Estado Mayor o el Consejo de Ministros puede colisionar con el derecho a la tutela judicial efectiva. Por eso les decimos a los señores diputados: estúdienla, puede haber algún rasgo de inconstitucionalídad.

P. El actual Gobiemo le ha cogido rápidamente el guante.

R. Los ministros de Interior, de Justicia y las fuerzas de la oposición quieren estudiar el problema. Me consta que están haciendo estudios comparados.

P. Todos los países mantienen áreas reservadas por razones de seguridad ¿Dónde está el límite? ¿Qué órgano debería tener depositada la tutela del secreto?

R. No puedo pronunciarme. Es una decisión que deben tomar los legisladores.

P. Pero sí puede manifestar su opinión personal.

R. Tendría que existir una comisión parlamentaria reducida que tuviera acceso a los secretos o una comisión judicial.

P. ¿Cuál de las dos fórmulas prefiere?

R. En Estados Unidos existe una comisión en la Corte Suprema que tiene acceso a esas materias reservadas y determina su clasificación o desclasificación al cabo de los años. Personalmente me inclino por la comisión parlamentaría, sin quitarle mérito al poder judicial.

P. Su informe incluye por primera vez un listado de instituciones que se han negado a contestar sus requerimientos. Figuran pequeños ayuntamientos y otros no tan pequeños, como el de Marbella.

R. Y el de Madrid. Tiene expedientes pendientes de respuesta después de tres o cuatro requerimientos. No puede ser. Hay que tomar alguna medida.

P. ¿Qué puede hacer?

R. En el nuevo Código Penal se ha incluido como delito de desobediencia no contestar al requerimiento del Defensor [se castiga con la pena de suspensión de empleo o cargo público entre seis y dos años]. Hasta ahora no lo hemos utilizado. Yo estoy dispuesto a utilizarlo si algún ayuntamiento, por muchas campanillas que tenga, tarda en contestamos, como hace ahora, uno o dos años. Lo denunciaré al fiscal en el supuesto de que no nos contesten.

P. En la anterior legislatura el Gobierno socialista se comprometió a responder a su informe. ¿Se mantiene ese compromiso?

R. En la visita protocolaria que hice al presidente Aznar y al vicepresidente Álvarez Cascos les recordé ese compromiso. Me han dicho que lo respetarán. Yo espero que me contesten al cabo de tres meses, a partir de la defensa del informe ante las Cámaras que se producirá en septiembre.

P. Parece que han remitido las quejas por malos tratos y las derivadas del uso de lenguas no castellanas.

R. Existe una conciencia generalizada sobre los derechos humanos. Han disminuido las actuaciones de oficio porque se respetan razonablemente. En el tema de las lenguas siguen produciéndose quejas por el sistema de enseñanza, pero remiten desde el fallo del Constitucional. Parece que se va asimilando por los castellanoparlantes que deben aprender las lenguas de los territorios donde residen.

P. Se rumorea que si la Adjunta Primera del Defensor, Margarita Retuerto, deja el puesto para ocuparse de una vocalía en el Consejo General del Poder Judicial, sería sustituida por Manuel Aznar, hermano del presidente del Gobierno.

R. Aznar y los otros jefes de área o los 40 asesores conocen la casa mejor que nadie, pero no me he planteado la sustitución de Margarita. Es prematuro hacerlo al haberse retrasado la constitución del Consejo. En todo caso, hay varios candidatos como Aznar, cuyos nombres tendría que consensuar con la comisión mixta del Parlamento, como lo están haciendo con los nombramientos para el poder judicial.