Convergencia y unión (monetaria)
EN SU informe anual, difundido ayer, el Banco de España constata una evolución favorable de la economía española, pero recuerda las dificultades para cumplir a fines de 1997 las condiciones de convergencia. Alienta al Gobierno a profundizar en las medidas de liberalización y reducción del déficit público, del que depende fundamentalmente la incorporación de España a la Unión Monetaria, cuando ésta arranque. A tales efectos, el gobernador del banco emisor, Luis Ángel Rojo, recomienda no perderse en cálculos sobre una eventual flexibilidad en el calendario y actuar desde la perspectiva de que quien no cumpla quedará fuera, y que ello seria, si nos toca, una desgracia.Tanto el informe como el discurso del gobernador que lo glosa reflejan la lógica satisfacción de la autoridad monetaria por la evolución de la inflación tras el primer año completo de plena autonomía del Banco de España respecto del Gobierno. Su primera responsabilidad es la estabilidad de los precios, lo que significa que su política monetaria apoyará la política económica del Gobierno de turno únicamente en la medida en que sea compatible con ese cometido básico. Ésas son las reglas del juego, y de ahí que a veces parezca existir cierta contradicción entre la aspiración del Gobierno y los agentes económicos a un descenso de los tipos de interés para estimular la actividad económica y la resistencia del banco a hacerlo.
Ello no impide que el banco emisor adopte iniciativas orientadas a estimular al Gobierno a avanzar en una determinada dirección. La última bajada de tipos se podría interpretar, en ese sentido, como un estímulo a las medidas liberalizadoras. En todo caso, la estabilidad de precios elimina incertidumbres y facilita, a medio plazo, el objetivo de un crecimiento sostenido del que depende la superación del desequilibrio más grave: un desempleo que dobla la media europea.
La gran novedad de la economía española de los dos últimos años ha sido la compatibilidad entre una tasa de crecimiento superior a la media y una reducción de la inflación y el déficit público. Sin embargo, en ambos terrenos se mantiene la distancia respecto a los objetivos de Maastricht. El banco ya advirtió en 1995 contra los efectos inflacionistas del aumento del IVA y otros impuestos, que situaron el IPC en el 5,2% en abril de ese año, lo que a su vez influyó en la subida de los tipos de interés (del 7,35% al 9,25%). Un año después, la situación es más estable: los tipos de interés han bajado al 7,25% y la inflación está dentro de la banda prevista por el Banco de España -menos del 4% en el primer semestre-, lo que permite cumplir el objetivo de bajar del 3% en el transcurso de 1997.
Más difícil de alcanzar es el objetivo del déficit, pese a haber pasado del 6,6% del PIB en 1994 al 5,9% el pasado año. El problema es que casi todo el esfuerzo se ha concentrado en el bienio 1996-97 para alcanzar el objetivo del 3%. El gobernador insiste en su conocida opinión de que esa reducción no habrá de buscarse tanto por la vía de una mayor recaudación como de una efectiva reducción del gasto. Ello podría tal vez interpretarse como una crítica a la política fiscal de los socialistas, pero también como una expresión de desconfianza hacia los efectos milagrosos de la famosa curva de Laffer -bajar los impuestos estimularía la actividad económica y por tanto la recaudación-, que cautiva a Montoro y a otros dirigentes del PP.
En fin, el informe insiste en la dualización del mercado laboral como principal causa de la especial incidencia del paro en España y aboga por "unas condiciones más homogéneas de flexibilidad y protección para todos los ocupados", que es una forma eufemística de referirse a la discusión, tantas veces esbozada y siempre aplazada, de si el despido es en España demasiado caro.
