El Consejo de Ministros pide la extradición de dos presuntos etarras

El Consejo de Ministros aprobará hoy una petición de extradición de los presuntos miembros de ETA Eugenio Barruatiabengoa Zabarte, que se encuentra en Venezuela, y María Nagore Múgica Álvarez, detenida recientemente en París.La extradición de Barruatiabengoa se formula por el presunto asesinato el 23 de diciembre de 1980 del delegado de Telefónica en Guipúzcoa, Juan Manuel García Cordero. La petición de entrega de Nagore Múgica está basada en su supuesta pertenencia en 1993 al comando itinerante de ETA, al que se atribuyen varios asesinatos cometidos ese año en la costa mediterránea.

Por su parte, el juez de la Audiencia, Nacional Manuel García Castellón ha dictado orden de captura e ingreso en prisión contra los presuntos etarras Jon Bienzobas y Sergio Polo Escobes, acusados del atentado que el pasado 20 de mayo costó la vida al sargento Miguel Ayllón en Córdoba. El juez basa su decisión en el reconocimiento que varios testigos han hecho de los etarras y en los informes policiales.

Por otra parte, grupos abertzales radicales han amenazado el desarrollo de las dos etapas del Tour a su paso por Navarra y el País Vasco francés los días 17 y 18 de julio, informa Mikel Muez. En un escrito difundido ayer por el diario Egin, estos "comunicantes anónimos", reivindican la colocación de cuatro artefactos contra empresas patrocinadoras de la carrera y amenazan con ataques de mayor intensidad".

Los ataques a los que se refieren se iniciaron el 13 de mayo, cuando la policía tuvo que desactivar un artefacto colocado en el Banco Credit Lyonnais en Pamplona. Seis días después, un paquete similar tampoco estalló ante la agencia de seguros AGF de la avenida de Sancho el Fuerte de esta capital. Sí sufrió daños un concesionario de vehículos Fiat atacado el pasado domingo en la localidad de Noáin, junto a Pamplona, mediante un cóctel mólotov. El cuarto sabotaje, contra un distribuidor de Coca-Cola, no ha sido confirmado por la policía.

El Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha decretado la libertad bajo fianza de 500.000 pesetas para cada uno de los tres jóvenes que permanecían en prisión acusados del incendio que destruyó el concesionario de Lipauto Renault en Burlada (Navarra).