Eduardo Serra asegura que la legislación actual "estimula" la objeción de conciencia

El ministro de Defensa, Eduardo Serra, atribuyó ayer el auge de la objeción de conciencia en España a la vigente legislación y advirtió que esta tendencia amenaza con hacer descarrilar el proceso de transición desde el actual Ejército de reclutamiento forzoso hasta uno totalmente profesional. En respuesta a una pregunta del Grupo Socialista, Serra reconoció en el Senado que durante los últimos meses se ha producido un "incremento sustancial" del número de objetores, con 36.347 solicitudes en los cinco primeros meses de este año, un 50% más que en el mismo periodo de 1995.

El ministro achacó esta situación a la Ley de Objeción de Conciencia, aprobada en 1984 bajo mandato socialista, de la que dijo que "no tiene parangón" en los países del entorno y da tantas facilidades para declararse objetor que "estimula" el fenómeno. "Lo que antes era la salvaguarda de los derechos de una minoría se ha convertido en un portillo" para eludir el servicio militar, agregó.Convergència i Unió (CiU), socio del Gobierno del PP, ha presentado una proposición de ley en el Congreso" para facilitar aún más la objeción de conciencia, reconociendo la objeción sobrevenida, la que se produce tras la incorporación a filas, e igualando la duración de la prestación sustitutoria con la del servicio militar.

En su primera comparecencia ante la Cámara alta, Serra reiteró la "voluntad política" del Gobierno de llegar a la profesionalización total de las Fuerzas Armadas en el plazo de seis años y de reducir la mili de nueve a seis meses en esta legislatura. La reducción del tiempo de servicio militar, matizó, se producirá "más cerca del final de la legislatura que del principio".

Después de 1998

El Grupo Popular y el catalán acaban de proponer la creación de una comisión mixta Congreso-Senado encargada de estudiar la profesionalización de los ejércitos. Dado que dicha comisión tendrá un año de plazo para elaborar su informe, la reforma de la Ley del Servicio Militar derivada del mismo difícilmente podrá entrar en vigor antes de 1998.El ministro calificó de "serio y responsable" el proyecto de profesionalización de las Fuerzas Armadas, y alegó que está en línea de lo decidido por otros países europeos, como Bélgica, Holanda y Francia. Advirtió, no obstante, que mientras este proceso se completa, habrá que cumplir la legislación vigente, para lo cual el Gobierno estimulará a quienes hagan el servicio militar con medidas de tipo económico, fiscal y laboral; mientras que castigará a quienes intenten eludir este deber, ya que es su obligación garantizar "la igualdad ante la ley de todos los españoles".

Los socialistas, por boca del interpelante, Manuel Guillermo Varela, tildaron de "irresponsable" las declaraciones del ministro sobre la profesionalización por la incertidumbre que ha creado entre los jóvenes. El también senador socialista José Castro afirmó que los anuncios de reducción de la mili han provocado un verdadero "colapso" en la Administración civil y la militar.

Defensor del Pueblo

El ministro de Defensa se reunió ayer con el Defensor del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, con el que coincidió en la necesidad de reformar la Ley de Objeción de Conciencia para poder alcanzar la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas en el año 2001. Álvarez de Miranda informó al ministro que en su memoria anual recogerá, entre otros temas, los problemas de la objeción de conciencia y la insumisión.Por otra parte, fuentes de Defensa indicaron ayer que el Consejo de Ministros del próximo viernes tampoco decidirá sobre la desclasificación de los documentos del Cesid relativos a la guerra sucia que han sido solicitados por tres jueces, ya que Serra no podrá asistir a la reunión del Gobierno por encontrarse ese día en Bruselas participando en un encuentro de los ministros de Defensa de la OTAN.