Candidatos al CGPJ

EL PARLAMENTO se enfrenta estos días a la tarea de seleccionar los candidatos que han de integrar el nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pendiente de renovación desde que el 8 de noviembre concluyó su mandato de cinco años. Esa tarea debe hacerse con diligencia, pues urge sustituir a un Consejo en funciones moribundo y despojado de toda credibilidad y prestigio por el caso Estevill. Además, la renovación del Consejo es imprescindible ante supuestos de nombramiento de otros cargos institucionales como el de fiscal general del Estado. Pero la diligencia no significa un apresuramiento que culmine de nuevo en un reparto mecánico de vocales entre las distintas fuerzas políticas, ignorando en quién deposita el Parlamento la grave responsabilidad de gobernar el poder judicial.El resultado electoral del 3-M ha dibujado un escenario político y parlamentario proclive al pacto y al consenso. Esas virtudes deben aplicarse con especial atención a la elección del CGPJ que gobernará el poder judicial durante los próximos cinco años. El necesario acuerdo entre PP y PSOE para alcanzar los tres quintos de cada cámara es una ocasión de oro para que, con olvido de las recientes peripecias del Consejo todavía en funciones, el Parlamento se aplique a negociar los 20 vocales con el criterio unánime de que los elegidos sean los más capaces para gobernar a los jueces del modo más positivo para el pueblo, del que emana la justicia, según reza la Constitución.

Es hora de que el Parlamento ponga manos a la obra para hallar 20 vocales con el perfil adecuado para organizar la Administración de Justicia. Las iniciativas que proponen un debate en la Comisión de Justicia e Interior, ante la cual los candidatos a vocales del órgano de gobierno del poder judicial expongan sus ideas y propuestas, son sin duda positivas. No sólo porque tal procedimiento reducirá el riesgo de repetición de casos como el del vocal Pascual Estevill: conociendo el perfil profesional y académico de los candidatos, el Parlamento estará en mejores condiciones de elegir a los candidatos idóneos.

La virtualidad que la Constitución vio en el CGPJ, como órgano colegiado que sustituyó al Ejecutivo en la organización de la justicia, "en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario", debe traducirse tras la experiencia de tres consejos sucesivos en una elección volcada hacia la capacidad de los elegidos, "todos ellos de reconocida competencia". El mandato constitucional se cumplirá mejor si se analiza en manos de quién se pone el órgano de gobierno de los jueces, mecanismo idóneo para pedir responsabilidades a quienes incumplan sus promesas o traicionen las expectativas que susciten.

Si el presidente del Gobierno, para ser investido como tal, tiene que exponer su programa ante los diputados y lograr los votos necesarios, las exigencias de un sistema parlamentario como el nuestro llevan también a que los aspirantes a gobernar el poder judicial expongan sus ideas sobre las materias que son competencia del Consejo. Este trámite debe desarrollarse legal y reglamentariamente, con limitación estricta a las cuestiones relacionadas con las funciones del cargo. Pero nada impide ensayar esa experiencia que no puede significar desdoro para nadie y sí contribuir, en cambio, al mejor gobierno de los jueces.