Reclutamiento forzoso
Si la implantación del sistema de jurados fue saludada por ciertos sectores como un "avance democrático", por cuanto suponía convertir a la ciudadanía en "protagonista activa de la institución judicial", por el contrario, la supresión de la conscripción obligatoria, y el consiguiente relevo de la ciudadanía de su papel de "protagonista activa de la institución militar", con la dejación de soberanía que ello comporta, es celebrada cómo una manifestación de respeto a la libertad individual por parte de las autoridades.Si en el primer caso viene a decirse implícitamente que "la democracia conlleva la obligatoria implicación del ciudadano en el ejercicio directo del poder", en cambio, en lo que atañe a la cuestión militar, la libertad individual prevalece sobre la anterior consideración en base a la cual se fundamentaba la obligatoriedad de lo que podríamos llamar "servicio judicial". ¿A qué se debe esta aparente discordancia?
En el actual debate sobre la supresión del reclutamiento forzoso, prevista para el 2001 según lo acordado por el Partido Popular y Convergència i Unió, el movimíento antimilítarista no debe-
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ría perder de vista una cuestión fundamental. Si la profesionalización del ejército solventa el problema que para objetores e insumisos representa el verse envueltos en tareas que la conciencia rechaza, paradójicamente, del mismo golpe, el Estado se deshace del problema que éstos le plantean. Y ello a costa de suprimir la presencia en filas de aquellos que, enrolados en su pública condición de ciudadanos, podrían tener algo que objetar a los designios militares del Estado.
A cambio, son sustituidos por funcionarios que, por estar desempeñando un cometido profesional, difícilmente tendrán algo que oponer a las órdenes emanadas de los respectivos estados mayores. ¿Verá colmadas sus aspiraciones el colectivo pacifista por el mero hecho de dejar en manos de un profesional la ejecución de aquello que las convicciones de un objetor no pueden soportar?-
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