Gomez de Liaño encarcela al general Galindo

El general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, en primera línea de la lucha contra ETA con los Gobiernos del PSOE, ingresó ayer en la prisión militar de Alcalá de Henares (Madrid) por orden del juez Javier Gómez de Liaño, que le acusa de estar diáfanamente implicado" en el secuestro y posterior, asesinato de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, en 1983. Galindo se convierte en el primer general encarcelado desde la intentona golpista del 23-F de 1981. Llegó a la Audiencia Nacional a las 10 de la mañana, distentido y con un escrito para el juez en el que asumía "plenamente" las responsabilidades que se imputan a sus subordinados en el cuartel de Intxaurrondo (San Sebastián), tres de ellos en prisión.Pasadas las tres de la tarde, y tras someterle a un careo con uno de sus acusadores, el policía Ángel López Carrillo, Gómez de Liaño le comunicó su decisión: prisión incondicional e incomunicada. El general pasó aislado las cinco horas siguientes, a la espera del auto. Según fuentes de la Audiencia, su ánimo se derrumbó y llegó a prisión muy afectado.

En su comparecencia, Rodríguez Galindo guardó silencio y se negó a responder a las 76 preguntas del instructor, el fiscal y la acusación popular. Ante esta actitud, que se resalta en el auto, el fiscal, Jesús Santos, pidió al juez la prisión del general al objeto de evitar "cualquier interferencia o cualquier neutralización en la investigación" sobre los asesinatos de Lasa y Zabala. Según Santos, que apoyó su solicitud en documentos secretos del Cesid sobre los GAL y en testimonios de tres testigos, el juez acordó la prisión de Galindo como inductor y promotor de esta acción de los GAL, "probablemente siguiendo órdenes de sus superiores".

Consulta al fiscal general

Santos había pedido instrucciones al fiscal del Estado, Carlos Granados, quien le respondió que debía actuar conforme a Derecho. El fiscal declaró que, si siempre es doloroso solicitar la prisión, en este caso lo ha sido especialmente.Rodríguez Galindo se negó a declarar y presentó un documento en el que alegaba indefensión por no conocer las imputaciones contra él. El juez ordenó que se le leyeran los hechos del auto de procesamiento relativo a sus subordinados Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo Leal, ex agentes de Intxaurrondo, en prisión por estos mismos hechos desde el lunes.

A la vista de que en el escrito de Galindo se afirmaba que miente uno de los testigos, el policía Ángel López Carrillo, el magistrado ordenó un careo. López Carrillo había declarado en este sumario que Galindo tuvo pleno conocimiento la noche del 15 de octubre de 1983, del secuestrado, en Bayona (Francia), de Lasa y Zabala. Y que participó, junto al entonces gobernador de Guipúzcoa Julen Elgorriaga, en el interrogatorio a que fueron sometidas las víctimas. En el careo, Galindo también se negó a hablar.

El fiscal y los acusadores pidieron el ingreso en prisión incondicional e incomunicada de Galindo por la naturaleza de los delitos que se investigan y la pena que en su día pudiera corresponderle, así como por el riesgo de que pudiera perjudicar fuentes de prueba todavía no agotadas. El fiscal alegó que existen "maniobras de confabulación" entre algunos acusados para entorpecer pruebas todavía por realizar.

El propio Galindo había solicitado en su escrito ser encarcelado con sus subordinados, a pesar de considerar la medida injusta. El juez así, lo decidió. Por contra, Gómez de Liaño decidió levantar la incomunicación decretada el lunes contra Dorado Villalobos, tras ser informado de que el ex agente padece un cuadro de ansiedad provocado por la incomunicación y que no se descartaba un suicidio.

Por su parte, los guardias civiles Francisco Hermida y Luis Valentín Sandoval, imputados también en esta causa, presentaron un escrito en el que piden declarar ante el juez para aportarle una serie de documentos. En opinión de su abogado, Jorge Argote, estas manifestaciones podrían suponer una revelación importante en el sumario, al que darían "un giro trascendente".

El fiscal Santos fue el principal artífice de la prisión del general. A favor del encarcelamiento se encontraban Íñigo Iruin, representante de las familias de Lasa y Zabala; la abogada Ángeles Álvarez, de la acción popular, y el letrado Gonzalo Valcarce, acusador en nombre del Ayuntamiento de Tolosa. Pero el voto del fiscal fue el que inclinó la balanza hacia la cárcel en vez de hacia unas estrictas medidas cautelares que incluirían una fuerte fianza.

Al término de la comparecencia, el fiscal explicó en unas inhabituales declaraciones públicas los motivos de su petición. Santos se amparó en los indicios que se desprenden dé las investigaciones y, en concreto-citó "dos testigos de referencia [el contrabandista Pedro Luis Miguéliz, Txofo, y el policía López Carrillo], con corroboraciones de otras pruebas testificales; un tercer testigo de referencia, que constituye", dijo, "el testimonio del señor Luis Roldán, y fundamentalmente, y ésta es la base nuclear, la prueba documental que se refiere a los documentos [del Cesid] cuya desclasificación se ha solicitado al Gobierno

La prisión "incondicional e incomunicada" fue justificada por el fiscal para "salvaguardar cualquier interferencia o cualquier neutralización de los actos de investigación" por parte de Galindo. Agregó que los delitos atribuidos al general son la "inducción y promoción de detención ilegal, torturas y posterior asesinato de los señores Lasa y Zabala, y con probabilidad, siguiendo órdenes superiores". Sin embargo, declinó contestar quiénes eran esos "superiores": "No puedo manifestarlo. Está pendiente de investigación" señaló. El auto no alude a esto.

Pese a que la prisión incondicional e incomunicada es la medida más dura que puede adoptarse, el fiscal matizó que todas las prisiones acordadas hasta ahora en el caso Lasa-Zabala "son juicios de probabilidad y no juicios de certeza, y, por tanto, respecto a estas personas rige el principio de la presunción de inocencia".

A renglón seguido, Santos enfatizó: "Se equivocan quienes tratan de presentar a la opinión pública que en este procedimiento se investiga a una institución como la Guardia Civil. Tanto la fiscalía como los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional sólo tienen palabras de gratitud y reconocimiento a la gran y sacrificada labor desarrollada contra el terrorismo, y, en concreto, contra el terrorismo de ETA".

El contrapunto a la alocución de Santos lo puso el abogado del general, Jorge Argote: "En el día de hoy ha vencido ETA". "Hemos llegado al cenit de una batalla que empezó ETA desde que Rodríguez Galindo pisó la comandancia 513 de San Sebastián".