Galindo acude hoy ante el juez "preparado psicológicamente" para su ingreso en prisión

El general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, imputado en el caso Lasa-Zabala, se acogerá hoy a su derecho constitucional y no contestará a las preguntas que le formulará el juez Javier Gómez de Liaño. Galindo, ex jefe del cuartel de Intxaurrondo (San Sebastián), alegará indefensión al no haber sido informado aún de los hechos de que se le acusa. Según han anticipado fuentes de su defensa, entregará al instructor un escrito en el que mantendrá que su actuación al frente del cuartel de Intxaurrondo y la de sus subordinados -tres de ellos han ingresado en prisión- estuvo siempre dentro de la legalidad. El general está "preparado psicológicamente" para un posible ingreso en prisión.

La declaración de hoy será la primera del general Rodríguez Galindo en la Audiencia Nacional, aunque tras Gómez de Liaño será el juez Baltasar Garzón quien interrogue al antiguo responsable del cuartel de Intxaurrondo, también como imputado, en el caso Oñederra. El general alegará indefensión y se acogerá a su derecho constitucional al silencio, según fuentes próximas a su defensa. A continuación el juez Gómez de Liaño puede decretar contra él desde medidas cautelares hasta su ingreso en prisión incondicional.En los dos últimos días, Gómez de Liaño ha ordenado el ingreso en prisión incondicional e incomunicada de los ex agentes de Intxaurrondo Enrique Dorado y Felipe Bayo y del teniente Pedro Gómez Nieto, antiguos subordinados de Rodríguez Galindo. En el auto de procesamiento acusa a los dos primeros del secuestro, torturas y asesinato de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala. Ambos ex agentes actuaron, según Gómez de Liaño, "siguiendo estrictas instrucciones de sus superiores

El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, se mostró ayer muy cauteloso a la hora de explicar el futuro del general Rodríguez Galindo. Al responder en el Congreso a una pregunta de la diputada de Eusko Alkartasuna Begoña Lasagabaster, advirtió que "si hubiera un agravamiento en la posición judicial del señor Rodríguez Galindo, se tomaría la decisión correspondiente". La diputada había reprochado al ministro que no prescindiera de inmediato de Galindo porque, en su opinión, el general se encuentra implicado en gravísimos actos de los GAL.

Declara López Carrillo

En relación con otro sumario de los GAL, el asesinato de Juan Carlos García Goena, el policía Ángel López Carrillo declaró ayer al juez Garzón que el ex gobernador de Guipúzcoa Julen Elgorriaga; el general Enrique Rodríguez Galindo y la Brigada de Información de la Jefatura Superior de Policía de Bilbao tuvieron información actualizada sobre el domicilio y el vehículo de la víctima antes de que fuese asesinada el 24 de julio de 1987 en Hendaya (Francia). Este agente aportó documentos que demuestran que policialmente era conocido que García Goena no pertenecía a ETA. Así, entregó una lista de 486 etarras, elaborada por el Comité de Refugiados, que entonces dirigía Peixoto e incautada a ETA en 1986, en la que no figuraba García Goena.Donde sí figuraba el prófugo asesinado era en los documentos manuscritos entregados a López Carrillo por el policía francés Pierre Hassen, subinspector de la Policía de Aire y Fronteras, que también han sido aportados por López Carrillo al sumario.

En el escrito consta información sobre 21 refugiados vascos, algunos miembros de ETA y otros no, que López Carrillo recibía en francés y se encargaba de traducir. Los contactos, según declaró al juez, los mantenía con Hassen en el aeropuerto de Hondarribia (Guipúzcoa) y López Carrillo pagaba 2.500 francos franceses por cada informe.

El policía español traducía los documentos, los mecanografiaba y pasaba copia de los mismos al entonces gobernador civil Julen Elgorriaga, al comandante jefe del cuartel de Intxaurrondo, el hoy general Rodríguez Galindo, y a la Brigada de Información de Bilbao, dirigida por Miguel Planchuelo, uno de los superiores del ex policía José Amedo y también imputado en esta causa.

López Carrillo afirmó que se ocupó de esta labor de recibir y traducir los documentos hasta el año 1987 y que a partir de esa fecha lo hizo el también policía Rafael Barranco. Añadió que algunos de los manuscritos se los quedó él, mientras que otros se encuentran en poder de Barranco. El juez Baltasar Garzón ha ordenado una comisión rogatoria para que se practique una prueba pericial caligráfica que compare la letra del policía Pierre Hassen y la que figura en los manuscritos aportados por López Carrillo.

El agente, que declaró como testigo, afirmó también que después de cada atentado cometido por los GAL era informado de su resultado por policías franceses y que él, a su vez, lo comunicaba a Elgorriaga y al entonces director general de Política Interior, Rafael de Francisco. Asimismo informó de la utilización de un coche con matrícula diplomática para introducir armas y explosivos en Francia. Este coche, dijo, salía de un chalé que el Cesid tenía en Madrid y realizó dos viajes, de los que estuvieron al tanto Rafael de Francisco, Elgorriaga y el propio López Carrillo.