CIU suaviza sus posiciones para acelerar la reforma constitucional del Senado

Convergència i Unió (CiU) está decidida a promover con urgencia la reforma constitucional que convierta al Senado en una Cámara territorial. Con ese objetivo, los nacionalistas catalanes han suavizado el contenido de sus propuestas, fundamentalmente abandonando su pretensión de que las nacionalidades históricas tengan derecho a veto. Joan Rigol, vicepresidente del Senado y dirigente de CiU, ha transmitido al jefe del Gobierno, José María Aznar, y a los grupos de la Cámara alta un documento que servirá de base a la ponencia de reforma constitucional que el pleno del Senado constituirá la semana que viene.

Rigol trata de suplir la ausencia de la reforma del Senado en el pacto entre el PP y CiU. El vicepresidente de la Cámara, que cuenta con el total apoyo de su coalición, ha suavizado el aspecto más conflictivo de la anterior propuesta nacionalista catalana: la posibilidad de veto de Cataluña, el País Vasco y Galicia en las cuestiones que afecten a sus hechos diferenciales.Según el documento, CiU ya, no plantea la posibilidad de veto para cuestiones referidas a lengua, cultura, derecho civil, foralidad e insularidad. Esta cuestión paralizó el pasado año el acuerdo en la ponencia del Senado por las diferencias entre PP y CiU.

Según la nueva propuesta, los grupos parlamentarios cuyas singularidades autonómicas puedan verse afectadas en un proceso legislativo podrán elevar un informe previo. Cataluña, el País Vasco y Galicia no podrán vetar, pero sí interponer recurso de inconstitucionalidad. Asimismo, los senadores podrán formar ad hoc un grupo autonómico, al margen de sus partidos de origen, ante leyes de especial repercusión en sus comunidades.

El resto de la propuesta de CiU es aceptable para todos los partidos de la Cámara. En la composición del futuro Senado, sus funciones y la relación entre las dos Cámaras nacionales e texto recoge las líneas básicas que los partidos consensuaron en la ponencia constitucional de la pasada legislatura.

CiU fija como criterio general el actual carácter parlamentario del Senado, con capacidad colegislativa y de control del Gobierno. El ámbito para la elección de senadores es la comunidad, con otros miembros elegidos según la representación en los parlamentos autonómicos. Los parámetros para la asignación del número de senadores por comunidad es un mínimo por territorio y una parte proporcional por población. El documento adelanta también que el sistema de elección debe establecerse de forma autónoma por cada comunidad.

Entre las principales funciones que el documento de CiU asigna al Senado destaca la primera lectura en leyes de contenido autonómico relevante, como la reforma de los estatutos, la lengua, la legislación civil, la foralidad, la insularidad y la legislación básica del Estado cuyo desarrollo posterior corresponda a las comunidades autónomas.

Asimismo corresponderá al Senado sancionar los acuerdos entre comunidades, contribuir a la formación de la "voluntad del Estado" ante la Unión Europea en las competencias compartidas entre la Administración central y las autonomías, y la delegación de competencias de titularidad del Estado a las comunidades.

En cuanto a las relaciones entre el Congreso y Senado, CiU propone que en las cuestiones que afecten al Fondo de Compensación Interterritorial y a los convenios entre comunidades, el procedimiento se iniciará en el Senado. En caso de desacuerdo, una comisión mixta propondrá un acuerdo. Si sigue el desacuerdo, lo decidirá la Cámara que ha iniciado el proceso.