El nuevo Código Penal, ante la hora de la verdad

El próximo 25 de mayo, día en que entra en vigor el nuevo Código Penal, será la fecha clave a partir de la cual la histórica ley tendrá que demostrar su utilidad como instrumento de convivencia. Los expertos critican la falta de las estructuras y dotaciones económicas necesarias para su puesta en práctica. El trasvase de asuntos de unos a otros órganos judiciales sin dotación de los medios personales y materiales, la inexistencia de establecimientos suficientes para la deshabituación de toxicómanos o para el cumplimiento de las nuevas medidas de seguridad y la falta de centros adecuados para los arrestos de fin de semana, así como la imprevisión de plazas para los trabajos en beneficio de la comunidad, pondrán a prueba el flamante Código Penal.La primera imprevisión ha sido la no aprobación de una ley Penal del Menor que regule la responsabilidad criminal de los menores de 18 años. Su falta ha mutilado el Código Penal, que ha tenido que exceptuar de la entrada en vigor del resto de la ley su artículo 19, en el que se establece algo tan elemental como fijar en los 18 años la mayoría de edad penal, equiparada así con la civil y política. La ausencia de Ley Penal del Menor y de la necesaria dotación de centros para los jóvenes delincuentes hará que, por el momento, desde los 16 años, seguirán siendo tratados como mayores a efectos penales y convivirán en las cárceles con delincuentes veteranos.

El Código Penal introduce la posibilidad de que el juez suspenda las condenas de hasta tres años de cárcel cuando se trata de personas que delinquen "a causa de su dependencia" de las drogas. Esta medida afectará a gran número de pequeños traficantes, ya que la pena mínima se rebajó de cuatro a tres años, lo que permite que se aplique la suspensión a los de menor entidad. Así lo destaca el que fue ponente de IU, Diego López Garrido.

Centros para toxicómanos

Sin embargo, esta buena voluntad del legislador producirá en muchos casos frustración, ya que entre los requisitos legales, para suspender la condena, el propio Código Penal exige "que se certifique suficientemente, por centro o servicio público o privado debidamente acreditado u homologado, que el condenado se encuentre deshabituado o sometido a tratamiento para tal fin en el momento de decidir sobre su suspensión. Pero ¿dónde están esos centros públicos en número suficiente para atender la fuerte demanda que desencadenará la entrada en vigor del Código?Quienes carezcan de medios económicos no podrán acreditar su deshabituación. López Garrido estima que "el Estado tendrá que habilitar fondos con ese fin". El magistrado Alberto Jorge Barreiro cree que "debe haber un gran centro público en cada comunidad autónoma, con garantías para los tribunales de que la deshabituación se ha producido realmente". Pero la realidad es que no se han previsto tales centros cuando el Código está a punto de entrar en vigor.

Igual ocurre con las nuevas medidas de seguridad para los declarados exentos de responsabilidad criminal por intoxicación plena o alteración psíquica, y que requieren ser internados en centros psiquiátricos, de deshabituación o educación especial. El catedrático de Derecho Penal Agustín Jorge Barreiro resalta "la preocupante falta de previsión del nuevo Código Penal acerca de la inifraestructrura, centros idóneos y personal cualificado, que hagan posible un cumplimiento efectivo de las medidas de seguridad".

La redistribución de competencias que realiza el Código entre los juzgados de lo penal, encargados de juzgar delitos de menor entidad, y las audiencias provinciales, que enjuician delitos más graves, dejará infrautilizados a los primeros, mientras, las segundas y la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que conoce de los recursos de casación, triplicarán el número de asuntos. La falta de previsión de medios materiales y personales aptos para atender la redistribución producirá un atasco en la justicia penal. En el empantanamiento de las audiencias provinciales incidirá también el comienzo en las próximas semanas de los juicios del Tribunal del Jurado, inevitablemente más lentos y que requerirán mayores espacios en los limitados edificios judiciales.

La novedad que significa el arresto de fin de semana para sustituir las actuales penas cortas de privación de libertad no ha sido acompañada por una dotación suficiente de medios, que permita el cumplimiento de esa pena. La previsión por uno de los últimos decretos delGobierno socialista de que esta pena se cumpla en el centro penitenciario más próximo al domicilio del arrestado o en el depósito municipal va a exigir muchos gastos de traslados a lejanas prisiones, ya que apenas existen depósitos municipales, que serían el lugar más apto para estos arrestos.

En cuanto a los trabajos en beneficio de la comunidad, el mismo decreto prevé convenios con administraciones o entidades públicas o privadas para proveer los puestos de trabajo necesarios, que a pocos días de la entrada en vigor del nuevo Código será necesario acelerar. La inaplicación de esta nueva pena por falta de medios significará una frustración más.

La juez de vigilancia penitenciaria Remei Bona resalta el olvido de las víctimas en que incurre el nuevo Código, al no incluir "instituciones específicas de compensación o resarcimiento a los perjudicados por los delitos, como el convenio con la víctima de otros países de nuestro entorno".

Víctimas y penuria económica

Uno de de los ponentes socialistas del Código Penal, José María Mohedano, relata la oposición del entonces ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, a establecer un fondo nacional para ayudas a las víctimas de delitos violentos. Tras sus gestiones en favor de esta medida, Mohedano considera que "un Código Penal que tenga como función fundamental la protección a las víctimas y la reinserción social es muy difícil en épocas de restricción presupuestariaSin embargo, el nuevo delegado del Gobierno del PP para el Plan Nacional sobre Drogas, Gonzalo Robles Orozco, manifestó el viernes último su disposición a invertir en centros de deshabituación de toxicómanos, con motivo de la inminente entrada en vigor del Código Penal.