El Gobierno se compromete a cerrar en dos años la autovía de Valencia

El nuevo Gobierno asume el trazado de la autovía Madrid-Valencia, cerca de las Hoces, en los mismos términos y plazos dos años comprometidos por el anterior Ejecutivo del PSOE. Así lo confirmó ayer el ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, tras una reunión con el presidente de la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana, también del PP, quien le reclamó prioridad para ejecutar estas obras, pese al anunciado recorte presupuestario.

"Hay un compromiso que se va a cumplir por encima de todo", dijo Zaplana, "y es que Madrid y Valencia estén conectadas en el plazo de dos años por autovía. Éste es un compromiso del PP, que mantenemos desde el Gobierno de Aznar, del que Arias Salgado es ministro de Fomento. Está aprobado por el Gobierno anterior, siendo ministro el señor Borrell, porque era el único posible, y no estamos dispuestos en estos momentos a que eso se pueda retirar".Zaplana insistió en que no aceptará retrasos en las obras, aunque se mostró abierto a cualquier modificación puntual del trazado siempre que no suponga una variación del proyecto. En referencia a la oposición que plantea el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista José Bono, al proyecto aprobado, Zaplana precisó que "a lo mejor hay una vía de entendimiento, porque siempre sería mejor que el proyecto contara con el visto bueno de Bono".

Firma del contrato

El polémico tramo de 31,1 kilómetros es el último de la autovía de Valencia o N-III en ser adjudicado. El Consejo de Ministros del 9 de febrero autorizó el contrato de ejecución de las obras. Diez días más tarde, la Comisión de Inversiones del antiguo Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (MOTPMA), hoy de Fomento, informó favorablemente la adjudicación de las obras a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Auxini, Firmecivil y OCP Construcciones por un importe de 12.961.867.580 pesetas.El MOTPMA dio por efectuada la adjudicación y así lo anunció a los medios de comunicación. De inmediato, IU de Castilla-La Mancha presentó un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional impugnando la adjudicación, en la medida que el trazado recorre un territorio protegido, donde no cabe el paso de ninguna infraestructura.

El Gobierno de Bono tiene sus armas afiladas en la frontera de la recién declarada (y recurrida por el MOPTMA) reserva Natural de las Hoces del Cabriel. Guardas vigilan la zona próxima al trazado y prohíben el paso a cualquier vehículo que se aproxime.

La Audiencia requirió el pasado 16 de abril al MOPTMA por el proceso de adjudicación. El ministerio respondió que el proyecto seleccionado había sido aprobado por la Dirección General de Carreteras. Hasta la salida de José Borrell del departamento, la firma del contrato estaba pendiente de ser fiscalizada, y el crédito a falta de aprobación, por parte de los órganos de intervención del MOPTMA.