Inmigrantes legales

LA FORTALEZA Europa necesita abrir algún portillo para liberar la enorme presión migratoria, que se abate sobre ella desde los cuatro puntos cardinales. En España, esa política común de encauzamiento y control del fenómeno de la inmigración, a medio camino entre el imposible e insolidario rechazo y la irresponsable actitud de puertas abiertas, se manifiesta, entre otras cosas, en los esfuerzos realizados por la Administración para legalizar el máximo número de inmigrantes que todavía deambulan por los circuitos de la clandestinidad.Con ocasión de la entrada en vigor del nuevo reglamento de la Ley de Extranjería, el Gobierno en funciones ha querido despedirse dando una nueva oportunidad a los 70.000 inmigrantes -marroquíes y latinoamericanos, fundamentalmente- que se calcula que residen en nuestro país sin tener sus papeles en regla. Una oportunidad que ha sido presentada como "especial", pero que la realidad social, más movida en el ámbito de la inmigración que en ningún otro, no garantiza que sea irrepetible. La primera y anterior, de 1991, presentada entonces como excepcional, no bastó para que afloraran a la legalidad todos los inmigrantes clandestinos a pesar del alto número -unos 130.000- que se acogieron a la oferta del Gobierno. Contra todo pronóstico, ha sido necesario ofrecer una segunda oportunidad.

La idea de aplicar una especie de amnistía a la bolsa de inmigrantes clandestinos formada al cabo de los años por diversas causas es coherente con una política racional y humanitaria de inmigración. Como lo es que ese proceso de regulación no permanezca indefinidamente abierto. Pero para ello sería necesario que la Administración clarificara más su política de inmigración, eliminara las contradicciones que siguen observándose en la actuación del aparato administrativo y perfeccionara y simplicara los procedimientos regulares de legalización. Es la única forma de evitar que las regularizaciones de carácter excepcional se conviertan en un procedimiento poco menos que ordinario, al que se necesita recurrir de tiempo en tiempo. Inmigrantes que con frecuencia están en condiciones legales de hecho pasan tiempo sin regularizar su situación por recelo ante la actuación administrativa. Si ello es así, no pasarán muchos años sin que, de nuevo, se forme otra bolsa de inmigrantes clandestinos a los que habrá que dar también en su momento la oportunidad de regularizarse por elementales razones de humanidad.

En esta ocasión se ha eliminado de los requisitos exigidos el contrato de trabajo. La aparición de mafias que hacen negocio con la venta fraudulenta, de ofertas de trabajo ha aconsejado la medida. Ahora, al inmigrante le bastará acreditar que ha trabajado le galmente alguna vez en España o que ha tenido algún permiso de residencia antes del 1 de enero de 1996. Pero todavía habrá algunos colectivos de inmigrantes que no cumplan ninguno de esos requisitos y que, en consecuencia, seguirán sin posibilidad de regularizarse. Son los que por diversas circunstancias no han dispuesto nunca de ningún tipo de permiso, han entrado en territorio español por la vía del asilo o refugio o no han logrado emplearse tras haber sido inicialmente autorizada su entrada en España para trabajar (es el caso de los excedentes del plan de cupos fijados durante los últimos años por el Gobierno). De ahí que sindicatos y organizaciones no gubernamentales, tras valorar muy positivamente la decisión de Gobierno, la juzguen notoriamente insuficiente.