Piruetas nucleares desde el BOE

En el Real Decreto-ley 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera, se establece que el Estado avalará el pago de las compensaciones en favor de los titulares de las centrales nucleares que estaban en moratoria.Con el decreto-ley de prórroga de los presupuestos y la pugna entre distintas entidades bancarias por el reparto del pastel, se cierra uno de los grandes negocios de los últimos años: la moratoria nuclear.

Con el nombre de centrales en moratoria se conoce a aquellas plantas nucleares que disponiendo de autorización de construcción desde los años setenta, vieron cómo se detenía su construcción a mitad de los ochenta por decisión gubernamental. Hablamos de casi la novena parte de la potencia eléctrica total instalada en nuestro país. El paso del tiempo ha puesto en su lugar a aquel grupo de expertos que nos amenazaban con los cortes de luz.

La objeción de que importamos electricidad francesa puede responderse aduciendo que la potencia de centrales de fuel paradas supera en más de seis veces la importada, o que los dos máximos históricos de demanda fueron atendidos al tiempo que se exportaba electricidad pese a que se produjeron en situaciones de sequía, o que las propias eléctricas protestan contra la entrada de productores en régimen especial aduciendo que existe un exceso de potencia de base que es la que suministran las nucleares.

Por semejante error en las previsiones se invirtieron 460.000 millones de pesetas en unos activos absolutamente improductivos. Más sorprendente resulta aún que, pese a ello, se hayan revalorizado a una tasa media anual del 12%, por lo que aunque desde 1984 se ha venido destinando algo más del 3,5% de las facturas eléctricas al pago de los intereses -en total 624.000 millones de pesetas-, la deuda que ahora se titula sigue representando 730.000 millones.

Esta deuda se cobrará a partir de la tarifa eléctrica a un tipo de interés que podrá ser superior en medio punto al de los depósitos interbancarios o a las emisiones realizadas por el Estado, según se opte por tipos variables o fijos. Esta decisión de colectivizar pérdidas, que señalamos irónicamente, es sorprendente, porque en tiempos en que cualquier ocasión es propicia para recordar el excesivo volumen de la deuda pública estatal y la rémora que ello supone para la "necesaria bajada de los tipos de interés y el asentamiento de la recuperación económica", se lanza al mercado, con la garantía del Estado a través de esta ley, esta importante emisión a un plazo que puede alcanzar los 25 años.

Se trata, por tanto, de una operación muy similar a un aumento de la deuda pública reconocida, con la singularidad de que se realiza en favor de empresas privadas rentables, para resarcirlas de errores de las que ellas son las principales responsables.

Y como comentamos al principio, todo ello cuenta con el aval del Estado, mírese el Boletín Oficial del Estado y la firma. La justificación esgrimida es que las compañías eléctricas no hicieron, sino construir las plantas que el Gobierno de turno les encargó.

Una versión que no resiste al paso por la prensa de la época en que se adoptó la decisión de construirlas, donde es frecuente encontrar tomas de posición de las compañías de bienes de equipo, constructoras y eléctricas en tono muy duro a favor de instalar más potencia para atender Ias previsiones de demanda". Es ingenuo suponer que todos estos agentes económicos (en cuyos consejos de administración había muchos consejeros comunes) permanecieron al margen de esta decisión.

Por esto es más fácil entender las posiciones de los portavoces de las compañías eléctricas en este punto que el masoquismo de muchos dirigentes del PSOE que repiten miméticamente sus increíbles argumentos.

Su error no fue decretar una moratoria necesaria, sino permitir que los usuarios eléctricos les paguemos un precio tan alto a los responsables.

Otro hecho que tampoco debe olvidarse es que la práctica totalidad de los activos en moratoria son propiedad de compañías eléctricas privadas. Y muy especialmente de Iberdrola, que sólo unos meses después de aprobarse la ley eléctrica criticaba al Gobierno por el trato de favor que éste presuntamente deparaba a la semipública Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA). ¿No habría sido más justo quejarse de lo contrario?