Los acreedores de IGS tendrán que admitir una quita del 35%

Los principales acreedores de IGS, entre los que se encuentran la cooperativa de viviendas PSV, el sindicato UGT y el Instituto" de Crédito Oficial (ICO), tendrán que asumir una quita mínima del 35% sobre los casi 23.000 millones de pesetas en sus deudas, según se desprende de lo afirmado ayer por el administrador único de IGS-PSV, Valeriano Gómez. Asimismo explicó que el pasivo de la antigua gestora de PSV se sitúa en unos 35.500 millones de pesetas, mientras que la empresa, que se encuentra en liquidación tras el levantamiento de la suspensión de pagos conocida este martes, sólo podrá recuperar unos 20.000 millones de pesetas.Para los pequeños acreedores de IGS, que tengan menos de seis millones de deudas, la quita se limitará al 25%. La liquidación de la empresa, que ha arrojado un desfase patrimonial de 14.100 millones, se realizará en varios años.

La comisión liquidatoria de IGS tendrá como activos a realizar el suelo de dos promociones en Montecanal (Zaragoza), diseñadas inicialmente para 2.000 viviendas y de las que no se ha construido ninguna, locales y garajes de la promoción de Tres Cantos de PSV, y suelo en Jerez y en la Marina de Calviá, la que fuera una de las operaciones estrella, de la empresa en Mallorca nunca realizada.

A juicio de Valeriano Gómez, el levantamiento de la suspensión de pagos de IGS, una vez producido meses atrás el de PSV, confirma que la actuación del Gobierno en la crisis de la cooperativa ha estado "bien realizada", y da validez jurídica al proceso de segregación por promociones iniciado tanto por PSV como por su gestora.

Viviendas acabadas

Gómez aseguró ayer que todas las viviendas de la cooperativa estarán concluidas y entregadas en 1997, tras cerca de cuatro años de crisis e incertidumbre. El proceso de construcción de viviendas, añadió, se desarrolla sin obstáculos, con cerca de 12.450 en marcha, de las que un 75% serán entregadas a finales de este año o principios de 1997. El resto estará listo antes de terminar el próximo ejercicio. Con ello, según el administrador único, se pone fin a una iniciativa sindical "más adornada de buenas intenciones que de eficacia en la gestión".

El Estado ha aportado, a través del ICO, una línea de avales de 8.733 millones de pesetas para financiar el proceso de segregación de promociones. También se hizo cargo de la deuda acumulada con las constructoras, que ascendía a 6.293 millones, así como de la deuda contraída con los cooperativistas dados de baja, que era de 6.907 millones. Valeriano Gómez asegura que no es posible hacer un cálculo fiable de las cantidades que podrá recuperar el Estado, "ni siquiera una estimación", aunque si se van a devolver los avales y las cantidades correspondientes a las deudas de las constructoras.