La visión de España del Partido Popular
La derecha sólo empezó a matizar su concepción centralista cuando pasó a gobernar comunidades autónomas, Durante los 20 años de democracia, el Partido Popular (antes AP) ha marchado a remolque en la construcción del nuevo Estado surgido de la Constitución.
Fue Manuel Fraga por detrás de los acontecimientos al propugnar una tibia regionalización en el debate constitucional, cuando Adolfo Suárez había traído ya del exilio. a Josep Tarradellas y restaurado la Generalitat. No obstante, perseveró en el desfase: debido a su herencia hipercentralista, Alianza Popular mantuvo durante años la reforma del título VIII de la Constitución en su programa electoral.
La ingente descentralización posterior (estatutos de autonomía y transferencias) se ejecutó por Suárez y Felipe González sin contar con AP, que hasta 1982 representó esencialmente a la derecha dura, para la que todo ese juego ponía en peligro la unidad de España. En ese tiempo, los populares se limitaron a adaptarse a regañadientes a la nueva realidad.
El PP sólo empezó a matizar su concepción centralista cuando pasó a gobernar comunidades autónomas. Con Fraga a la cabeza de una de ellas, Galicia, llegó una de las propuestas autonómicas más curiosas: la Administración única, una proposición que su propio partido tardó meses en comprender y todavía más tiempo en asimilar.
En realidad, el primer protagonismo serio del PP, muy reciente, ha estado orientado a embridar el proceso autonómico por dos vías: la firma de los pactos autonómicos con el PSOE en 1992, por los que se homogeneizaban las competencias de las comunidades no históricas, y un cierto control desde el aparato central de la política de los Gobiernos autónomos regidos por los populares. Esta línea se profundizó después, promoviendo a las presidencias autonómicas a políticos que, salvo excepciones, no cuentan con peso propio en la organización.
Por otro lado, la apertura de algunos de sus diligentes hacia posiciones más audaces se ha visto casi siempre contrapesada con la reacción de los sectores más duros. Así, por ejemplo, el debate en el Senado, en el que por primera vez se emplearon el catalán y el gallego, despertó reflexiones novedosas en algunos presidentes autonómicos del PP, como los de Madrid y Castilla y León, pero les resultó insoportable a otros elementos del bloque social del centro-derecha.
Los ataques a Pujol durante estos tres últimos años han unido, pues, la idea de romper la alianza de gobierno PSOE-CiU con el afloramiento de viejos instintos genéticos.
Los resultados del 3 de marzo debían rematar esta idea. Aznar indicó que pretendía cerrar el proceso autonómico. Y la tensión con Jordi Pujol y Xabier Arzalluz tenía que ver con la inutilidad de abrir cauces de diálogo con los nacionalistas, dado que se pensaba obligarlos a pactar con un PP con mayoría absoluta en el Parlamento y boyante en Euskadi y Cataluña.
Cuando se abrieron las urnas, todo ese escenario se vino abajo. Los halagos excesivos e innecesarios a los nacionalistas muestran la amplitud del bandazo descrito por el Partido Popular en estas últimas semanas.
La situación actual, no obstante, obliga a Aznar a maniobrar con cuidado: por un lado, necesita imperiosamente el apoyo de los nacionalistas para gobernar durante los próximos cuatro años; pero, por otro, tiene tras de sí un bloque electoral sumamente amplio y contradictorio que va desde las clases medias liberales de las grandes ciudades hasta la ultraderecha. Las estimaciones más solventes indican que un millón de votantes, de los nueve que han dado la victoria a Aznar, pertenecen a esta última categoría.
Hay en las venas del PP, como en las del PSOE, gotas de sangre jacobina. Pero la historia de la transición es también la del esfuerzo de las grandes fuerzas estatales por modificar sus criterios históricos para incorporar a los nacionalismos moderados.
Para Aznar ha llegado el momento de expresar con su política cuál es el modelo de Estado que defiende, no sólo el que asume, y perfilar claramente los ámbitos sujetos a negociación.
