Vasos comunicantes

Elegido en 1994 vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta de CiU y con los votos de los grupos parlamentarios del PSOE y del PP, Lluís Pascual Estevill ha sido acusado formalmente por la Fiscalía del Supremo de un delito continuado de prevaricación; esto es, de haber dictado a sabiendas resoluciones injustas -mientras sustituía en sus funciones a otro juez instructor de Barcelona- para encarcelar a unos testigos con el exclusivo propósito de vengarse de pasados agravios. La decisión del ministerio público, que ha dado lugar a la apertura de la vista oral, carga de razón a los cinco vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que habían dimitido de sus puestos como último recurso para protestar contra la permanencia en el órgano del gobierno de la magistratura de tan indeseable compañero, acusado también de haber defraudado 156 millones de pesetas a Hacienda.Este oscuro y desagradable episodio permite hacer un recorrido exploratorio por algunas zonas sombrías de la Administración de la Justicia. Por lo pronto, resulta preocupante que Pascual Estevill, nimbado de una turbia. fama cuando era abogado en ejercicio, ingresase en la carrera judicial en 1990 a los 56 años por el llamado cuarto turno, un sistema desprovisto (al parecer) de los mecanismos de control necesarios para impedir el acceso a la magistratura de gentes que no estén por encima de toda sospecha. Después, es desmoralizador que la inspección de los. tribunales, dependiente del CGPJ, fuese incapaz de detectar los desmanes cometidos por un magistrado en el ejercicio de su actividad jurisdiccional y en presumible connivencia con abogados cómplices. También parece increíble que una persona con esa ejecutoria fuese promovida por CiU y aceptada por el PSOE y el PP como miembro de la institución encargada del autogobierno de la carrera judicial. Finalmente, es escandalosa la alianza de hecho para elegir a los magistrados del Supremo establecida entre Pascual Estevill y algunos vocales del CGPJ de ideología conservadora que votaron en contra de su remoción

La experiencia demuestra que la corrupción, la arbitrariedad y la incompetencia de los jueces suelen quedar impunes o ser benévolamente castigadas. La leve sanción pecuniaria aplicada por el CGPJ al juez Moreiras, reincidente por tercera vez en comportamientos impropios de un magistrado, fue un serio aviso; ahora, el tacto de codos (minoritario pero con capacidad de bloqueo) producido en el seno del CGPJ para cubrir a Pascual Estevill hace sonar todos los timbres de alarma. Si los reflejos gremialistas orientados a defender -con razón o sin ella- a los compañeros de profesión resultan siempre condenables, el corporativismo judicial ataca al corazón mismo del Estado de derecho. Porque la contestación escéptica a la inquietante pregunta ¿quién juzga a los jueces? socava la confianza de los ciudadanos en los tribunales.

Las consecuencias no deseadas de las enormes facilidades concedidas por los socialistas a los jueces para realizar excursiones de ida y vuelta a la política sin pagar billete aconsejan endurecer las condiciones del regreso de esos viajeros a la magistratura o incluso prohibir una práctica que se burla del mandato constitucional contrario a la militancia partidista de jueces y fiscales. Pero también sería conveniente revisar, a la luz de la experiencia, el funcionamiento de otros vasos comunicantes circunscritos al mundo de los operadores jurídicos. De un lado, el caso Pascual Estevill muestra que el acceso de los abogados a la carrera judicial a través del cuarto turno puede producir resultados patológicos; de otro, el sistema de excedencias que permite a jueces y fiscales abandonar durante algunos años la función pública para dedicarse al ejercicio libre de la abogacía y regresar luego al útero corporativo suscita delicados problemas deontológicos que la opinión pública debería cuando menos conocer y debatir.