CGPJ, unas siglas

EL CASO Pascual Estevill ha hecho saltar por los aires al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Con la dimisión de cuatro (le sus vocales, en protesta por la continuidad en el cargo de un vocal sospechoso de corrupción, la institución ha quedado prácticamente reducida a sus siglas e incapaz de llevar a cabo sus cometidos más importantes, entre ellos, la provisión de las plazas vacantes de magistrados del Tribunal Supremo. Esas dimisiones, junto a las de dos vocales más por motivos distintos y otras anteriores no cubiertas, ha dejado al Consejo con sólo 11 de sus 21 miembros, es decir, sin quórum suficiente para reunirse en pleno y mutilado hasta el extremo de sólo. poder decidir asuntos de trámite y carácter urgente.El Consejo judicial se halla en una situación de patética parálisis. De la que su presidente, Pascual Sala, ha informado a los recién elegidos presidentes del Congreso y del Senado. A sus propios males, el Consejo añade otros que le son ajenos. El principal es el régimen de interinidad a que le suele someter el Parlamento cada vez que concluye el mandato de cinco años de sus miembros. La interconexión de unos y otros males termina por agravar todos.

Es lo que ha sucedido con el estallido del caso Pascual Estevill en momentos en que el Consejo está pendiente de renovación. La mezcla ha resultado explosiva. La incapacidad que ha demostrado el CGPJ para resolver correctamente este caso forma parte de los males propios. Se trata de destituir a un vocal denunciado por actuaciones irregulares sistemáticas en el ejercicio de su cargo, al que se imputan, además, delitos de prevaricación y fraude fiscal relacionados con su etapa de juez. Y para ello no eran exigibles pruebas de carácter penal, como interesadamente ha mantenido el grupo de vocales adscritos a la línea conservadora -muy especialmente el vicepresidente del Consejo, José Luis Manzanares- con el fin de bloquear el cese de un vocal considerado de los suyos.

El escándalo Estevill es institucional y político y como tal debería haber sido resuelto, porqué de sus problemas penales ya se encarga la Sala Segunda del Supremo, que justamente ayer decidió abrir juicio oral por presunta prevaricación continuada. Una vez que el Consejo del Poder Judicial ha quedado reducido a una cáscara vacía, corresponde al Parlamento hacer frente a, las secuelas dejadas tras sí por el caso Pascual Estevill. Es su deber, pero también una necesidad. La renovación del órgano de gobierno del Poder Judicial, pendiente desde noviembre, es de máxima prioridad para los intereses del Estado. Y perfectamente compatible con las tareas que los grupos políticos acometen en estos momentos con vistas a la investidura del candidato a la presidencia del Gobierno y a la formación de una mayoría gobernante estable.

Al plazar por más tiempo esa tarea es hacer el juego a quienes han convertido el caso Pascual Estevill en punta de lanza de una ofensiva contra la designación parlamentaria de los vocales del Consejo. Prueba de ello es la inconcebible misiva del vicepresidente del CGPJ, José Luis Manzanares, a los presidentes del Congreso y del Senado, paralela a la del presidente del órgano judicial, Pascual Sala. Inconcebible por lo que supone de desconsideración para la actuación de este último; pero también por la nada disimulada recomendación al nuevo Parlamento para que posponga la renovación del Consejo.