Ayer y hoy

AZNAR ESPERA se r presidente del Gobierno a mediados de abril. En estas tres semanas, populares y nacionalistas deberán acercar sus posiciones lo suficiente para garantizar como mínimo la investidura. La negociación propiamente dicha -financiación autonómica, política económica, transferencias-, de la que dependen los futuros apoyos parlamentarios, vendrá después: a modo de desarrollo de esa opción previa por una determinada política de alianzas.A juzgar por la experiencia de 1993, es probable que Pujol mantenga la incertidumbre hasta el final y que todavía haya algún sobresalto antes de la investidura; pero cada día que pase le será más difícil la marcha atrás. El tercer socio necesario para completar la mayoría absoluta puede ser tanto CoaIición Canaria (cuatro diputados) como el PNV (cinco). De momento, nacionalistas vascos y catalanes intercambiaron ayer en Bilbao sus impresiones del proceso. Los de Pujol saben que su apoyo es imprescindible, y los de Arzalluz, que el suyo no lo es, lo que condiciona las actitudes respectivas. Convergència i Unió preferiría que el acuerdo incluyera al PNV, pero es difícil. que Arzalluz se comprometa de entrada más allá del voto de investidura; e incluso ese respaldo depende de la obtención de beneficios tangibles en el terreno de las transferencias pendientes o en discusión.

El hecho de que el grueso del electorado nacionalista pertenezca al mismo segmento social que el del PP condiciona las modalidades de pacto: esa proximidad sociológica hace que los nacionalistas tiendan a subrayar, antes que a difuminar, las diferencias ideológicas, y precisamente en el terreno de las identidades nacionales. Los de Arzalluz no han olvidado que la escisión del sector encabezado por Garaikoetxea tuvo su origen en un intento de pacto con el PP (entonces AP) en Navarra.

En 1993, Pujol mantuvo sus reticencias hasta el último momento: había advertido que su eventual compromiso con la gobernabilidad debía interpretarse "como un favor", y todas sus declaraciones insistían en los riesgos que el nacionalismo catalán asumiría si se implicaba más directamente en la política española. Casi tres semanas después de los comicios decía entonces que si González quería pacte, tendría que asumir íntegro el programa de CiU. El PNV, por el contrario, insinuaba la posibilidad de entrar en el Gobierno -se habló, como ahora, de la cartera de Industria- y el tono de las declaraciones era constructivo: hay que echar una mano para sacar esto adelante, etcétera.

El desenlace fue que ambos nacionalismos respaldaron la investidura de González, pero ninguno de los dos entró en el Ejecutivo, y sólo la coalición de Pujol se comprometió formalmente en una especie de pacto de legislatura a plazos. Una explicación de esas diferentes posturas sería que sólo quien de verdad está dispuesto a comprometerse encarece su apoyo, incluso al riesgo de pasar por antipático. Mientras que quien se sabe no imprescindible prefiere quedar bien, a sabiendas de que al final no habrá pacto.

Ahora nadie descarta ni confirma nada, pero parece improbable que Pujol vaya más lejos que lo fue con González: la posibilidad de participación de CiU en un Gobierno de coalición es deseable, pero remota. Un apoyo estable parece, en cambio, más factible que hace 20 días, cuando el único mensaje que salía del entorno de Pujol era que las bases no aceptarían nunca un pacto con Aznar. Pujol no es Cambó, pero tampoco es un abstencionista respecto a la gobernabilidad de España. Sus electores desean que su voto influya en la política española tanto como en la catalana. Pujol pudo haber descartado de entrada cualquier alianza con el PP, pero una vez iniciada la aproximación su descarrilamiento sería un fracaso para él. Al fin y al cabo, suya fue la decisión de acortar la legislatura anterior retirando su apoyo al PSOE.

El PP, por su parte, busca un equilibrio entre las necesidades del momento y su programa. Sus portavoces insistieron ayer en que no se trata sólo de garantizar la investidura, sino de sentar las bases para un proyecto político compartido. A partir del lunes comenzarán a negociar sendas comisiones bilaterales con los nacionalistas vascos, catalanes y, canarios. El problema es que los asuntos fundamentales de los que depende el apoyo estable de esos aliados -financiación autonómica en primer lugar- requieren un consenso más amplio: de las otras comunidades, cuyos intereses no siempre coincidirán, y de la oposición parlamentaria como tal. De ahí la dificultad de completar el acuerdo antes de la investidura. Pero de cómo se llegue a ella dependerá la solidez y coherencia del pacto posterior.