Juicio de intenciones

La -llamémosla- tramitación del caso Luis Pascual Estevill en el Consejo General del Poder Judicial podría dar lugar a verdaderas cataratas de comentarios, anécdotas y, lo que es peor, ya está ocasionando multitud de críticas para este alto órgano constitucional. Pero no es nuestro propósito en estas líneas, escritas ya con cierta serenidad al socaire de la tormenta, "echar más leña al fuego".En verdad que la situación es auténticamente esperpéntica para este vocal, no perteneciente a la carrera judicial, excluido, por tanto, del inevitable corporativismo que produce tal extracción, y venido de una provincia, Córdoba, bastante reposada y serena por la forma de ser de sus habitantes -nos llaman senequístas- y por la ausencia de estructuras tan enrarecidas de poder como las que se dan en la Villa y Corte. Pero -repito- no voy a entrar en liza sobre los antecedentes, concomitancias y consecuencias del tan traído y llevado asunto del vocal señor Pascual Estevill, que ha colmado el vaso de mi paciencia institucional, obligándome a una renuncia del cargo, a disposición, ya, del presidente del Consejo, y tan sólo a la espera de la constitución de las nuevas Cortes, para hacerla efectiva inaplazablemente.

Lo que me ha movido a escribir este artículo o "aviso a los caminantes" es una cierta insistencia en diversos medios de comunicación, que dicen tomarlo del denominado sector conservador del Consejo, sobre el verdadero propósito de quienes apoyamos la moción presentada por el presidente, señor Pascual Sala. Porque allí se dice que quienes hemos intentado la remoción de don Luis Pascual Estevill sólo pretendíamos la designación de magistrados para la Sala Segunda -de lo Penal- del Tribunal Supremo que evitasen, de cualquier forma, llegar en el caso GAL hasta sus últimas consecuencias.

Se trata, ya, de un juicio de intenciones, y me niego a ser ínterpretado tan absurda y maliciosamente. Porque, de principio, yo creía que todos los jueces y magistrados y si cabe, aún más, los de la Sala Segunda de nuestro más alto Tribunal, procediesen de donde procediesen y mantuviesen las posturas ideológicas propias de cualquier ciudadano, llegado el momento de actuar como miembros de esa sala, lo harían con total honorabilidad y honestidad.

Claro que puede ser que aquí se repita ese vicio tan genérico de apreciación, que he sufrido en mis propias carnes, y que consiste en que un profesional que mantenga tesis progresistas o de izquierdas es un ser politizado y como tal carente de la exigible competencia para intervenir en asuntos más o menos delicados. Mientras que los de procedente o extracción conservadora, incluidos aquí los que se declaran independientes, especimen que en la vida real no se encuentra de verdad, esos sí son objetivos, ecuánimes y totalmente alejados de planteamientos políticos.

Hora es ya de que admitamos el que cada ciudadano tiene -debe tener- sus planteamientos ideológicos, pero, luego, a la hora de intervenir en cuestiones que no sean del estricto marco de la política y aún más en el ámbito del tercer poder del Estado, el poder garantista, debe proceder conforme a su propia conciencia. Se me dirá que esto es una ingenuidad por mi parte: prefiero seguir siendo ingenuo y hacer las cosas como hasta ahora que caer en la perspectiva contraria y morir de depresión.

Pero hay algo más, y muy importante en este tema concreto, y es que se dice -antes lo enunciaba- que los vocales progresistas, o sea todos los que votamos a favor de la propuesta del presidente del Consejo, lo que deseamos es designar dos de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que ha de entendérselas con el caso GAL a quienes estuvieran dispuestos a que no se llegara hasta el final, en éste al menos vidrioso asunto...

Yo siento manifestar que, en mi caso concreto, el argumento se cae por los suelos si se observa que la formación política que me propuso para este puesto, o sea Izquierda Unida-Convocatoria por Andalucía-Los Verdes, es la que más ardientemente defendió, defiende y defenderá en el futuro -estoy seguro- que se haga todo el camino hasta el final.

Independientemente de ello yo mantengo la misma postura, eso sí, dentro del marco judicial y no con juicios paralelos que me parecen totalmente contrarios a la justicia, y menos aún como comentario de personas que quizá debieran mantener una más que prudente abstención en sus opiniones al respecto. Por tanto, esa imputación es tan sólo una simple falacia.

Dejemos pues los juicios de intenciones y respetemos a cada ciudadano, interpretando sus actuaciones por sus propios convencimientos. Al menos éste es mi caso. Si por otros lares alguien puede pensar otra osa, que se diga, aún más, que se demuestre. Por que si en este país verdadera catarsis de limpiar miradas y -quizá antes- limpiar intereses espurios, me temo que nuestra democracia, tan duramente conseguida, va a ir al fracaso más estruendoso.

Pienso que este asunto dará para mucho más, pero yo, por ahora, esto es tan sólo lo que deseaba dejar muy claro.

Rafael Sarazá Padilla es vocal del Consejo General del Poder Judicial.