Una institución bajo mínimos

Luis Pascual Estevill, con varias querellas contra él en el Tribunal Supremo, acaba de librarse de ser destituido del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "por incumplimiento grave de los deberes del cargo". Otros cuatro vocales están dimitidos. Y se tramita la querella por injurias de un vocal contra otro, ambos propuestos por el PP. La impresión extendida es que durante el prolongado mandato de este tercer CGPJ se está intentando dinamitarlo desde dentro, tal vez para abrir paso a un modelo que pase del corporativismo de los partidos al de las asociaciones judiciales. En resumen: una institución bajo mínimos, enfrentada internamente y con un deterioro creciente que le impide gobernar a los jueces y a sí misma.A diferencia de los dos anteriores Consejos -constituidos, respectivamente, en 1980 y en 1985-, el elegido en 1990 por el Parlamento ha sido un órgano trampolín. De los 20 consejeros iniciales sólo continúan la mitad. Eligio Hernández viajó sin billete (le vuelta a la Fiscalía General del Estado; Juan Alberto Belloch Y María Teresa Fernández de la Vega emigraron al Gobierno; Julio Padilla se convirtió en diputado del PP; Antonio Bruguera y Rafael Fernández Montalvo regresaron a sus plazas judiciales, y Tornás S. Vives fue catapultado por el Gobierno al Tribunal Constitucional. Fallecieron Fernando Jiménez Lablanca y José Luis Granizo.

Algunos de los 11 consejeros que todavía subsisten de aquella lejana elección de 1990, vagan en busca de una nueva identidad, porque la original la perdieron. Así, Juan José Dávila, propuesto por el hoy inexistente Centro Democrático y Social (CDS), es uno de los dos vocales que se abstuvieron sobre la destitución de Pascual Estevill. Igualmente, YVenceslao Díaz Argal, propuesto por el PNV y hoy repudiado por este grupo político y por los jueces del País Vasco, suele adherirse a los consejeros propuestos por el PP que, con la excepción de Javier Gómez de Liaño, votan como un grupo monolítico, bajo la batuta del vicepresidente José Luis Manzanares.

La visita de Pujol

Los vocales propuestos por el PSOE son menos monolíticos, porque atienden a diversas instancias o sensibilidades. Sólo así pudo pasar lo que ocurrió el 25 de julio último, en la primera votación para destituir a Pascual Estevill, a raíz de la admisión a trámite por el Supremo de una de las varias querellas contra él por corrupción judicial. Propusieron la destitución Ignacio Sierra (propuesto por el PSOE) y Rafael Sarazá (por IU), los dos únicos vocales que votaron a favor. Nueve consejeros votaron en contra y siete -nucleados en torno a los prosocialistas- se abstuvieron. Previamente, el presidente de la Generalítat, Jordi Pujol, se había reunido con algunos de ellos en la propia sede del CGPJ para hablar del asunto.No es ningún secreto, que el objetivo de CiU al colocar a Pascual Estevill en el CGPJ era protegerle con el fuero para que las querellas que tramitaban contra él jueces catalanes pasaran al Tribunal Supremo. Curiosamente en esta instancia se ha encontrado con el antiguo fiscal jefe de Cataluña, hoy fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, para quien, a diferencia del voluble criterio de Manzanares y los suyos al analizar la delincuencia, la corrupción también existe si la protagonizan jueces.

Una vez en el CGPJ el polémico vocal, su "defensa numantina" es considerada normal "y hasta humana" desde el sector prosocialista. "Lo que no entendemos", dice un consejero, "es la piña de protección que se ha formado en torno suyo".

José Antonio Zarzalejos, el otro vocal que se abstuvo sobre Pascual Estevill, puntualiza que los votos necesarios para destituirle no eran 10, sino 11, y que antes de decidir debe investigarse, "a no ser que el Supremo le meta en la cárcel, porque no sería lógico que desde allí se mantuviera en la cúpula judicial". Otro vocal asegura: "Pascual Estevill, antiguo abogado, se ha unido a quienes no tienen médula judicial, sino política".

La ruptura de las hostilidades se produjo hace aproximadamente un año, a partir de la marcha de Vives y Fernández Montalvo, que redujo la inicial presencia prosocialista. Sarazá, que suele unirse a ésta y que asegura no haber recibido jamás indicación alguna de IU, lo explica así: "Los conservadores acusaban a los progresistas de haber usado el rodillo y comenzaron a vengarse". Se rompió la costumbre de negociar los asuntos entre los dos sectores antes de discutirlos en el pleno. "Ahora, prácticamente no nos dirigimos la palabra, aunque todavía no nos negamos el saludo".

El presidente Pascual Sala evoca la etapa anterior a esta ruptura en que "los acuerdos se aprobaban por consenso" y asegura que casi el 99% de los nombramientos discrecionales se decidieron sin problemas. Javier Gómez de Liaño, contra quien Andrés de la Oliva presentó una querella por injurias, cree que "el deterioro del CGPJ se debe a que ha habido vocales que han trasladado la política, en su peor acepción, a su seno y, en lugar de trabajar en beneficio de la ciudadanía, tratan de convertirlo en un paraíso corporativo".

Las tres dimisiones producidas tras la frustrada destitución de Pascual Estevill responden al ambiente irrespirable del CGPL Soledad Mestre cree que todo es "tan desagradable" que, como dice en su carta a Sala, "este Consejo, en la situación en que se encuentra, no puede ejercer las funciones que tiene encomendadas con el rigor, la serenidad, la neutralidad y la dignidad necesarias". Ignacio Sierra invoca la "deslealtad institucional" de Pascual Estevill y su "ataque a la tranquilidad de algunos jueces de Barcelona".

Sarazá, ajeno a "la defensa de intereses corporativos" y que llegó al CGPJ para "darle dignidad a un órgano constitucional", prefiere irse a su casa, si no es posible que prevalezca "la limpia imagen pública del mismo". "Mi postura", explica a Sala, "no coincide con cierta mayoría de los vocales", lo cual le produce "incomodidad y hasta incompatibilidad" con ellos.

Mientras tanto, Manzanares renunció al flamante cargo de delegado para Cataluña, por falta de tiempo y no ser la persona adecuada. "No pondré ahí mis manos pecadoras", se limitó a decir. Pero no explicó si su inadecuación se deriva del rechazo inmediato de los jueces catalanes o de la presencia en ese territorio de un hijo suyo, juez de vigilancia penitenciaria, denunciado por presos y abogados a causa de su actitud represiva con los internos, y con un expediente disciplinario pendiente contra él.