Gil, absuelto de estafa al duque de Santobuono

La Audiencia de Madrid ha absuelto al alcalde de Marbella (Málaga) y presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil, de la estafa a Pedro del Alcázar, duque de Santobuono, que se le imputaba en la compra en 1990 de una finca cercana a Talavera de la Reina (Toledo) y por la que el fiscal pedía para él cuatro años de cárcel. La sentencia absuelve además a sus abogados, José Luis Sierra y César Antón de la Fuente; al letrado Fernando Torremocha y al asesor fiscal Antonio Diosdado.La resolución desestima la petición de Gil y otros, acusados de, permitirles ejercitar acciones contra el duque por injurias 31 calumnias, pues entiende que éste tenía derecho a acusar, aunque al final se desestimen sus imputaciones.

El tribunal declara probado que Gil compró el 14 de marzo de 1990 la finca, que tenía unas cargas que no consta que fueran conocidas por él, pues Pedro Del Alcázar "había informado que las que tenían eran exclusivamente las que se reflejaban en los contratos", fijándose un precio de 1.650 millones. El 4 de mayo, el duque remitió sendas cartas a su entonces abogado, Fernando Torremocha, y al de Gil, José Luis Sierra, en las que les requería que nombrasen a una tercera persona para un arbitraje que dirimiese las controversias. Del Alcázar contó con el asesoramiento de Diosdado hasta que el 2 de agosto Gil y él alcanzaron un acuerdo, que plasmaron en un laudo, en el que, a efectos formales, se hizo constar como tercer árbitro a César Antón y en el que el precie) global se fijó en 1.075 millones.

La Sala recuerda que la Clínica Universitaria de Navarra diagnosticó al duque el 12 de marzo de 1990 una atrofia cerebral, pero que ésta no le afectaba hasta el punto de alterar su capacidad de conocer, comprender y querer.No hay estafaPara el tribunal, los hechos no constituyen estafa, delito que las acusaciones fundan en el conocimiento previo a la suscripción de los contratos por parte de Gil de la situación de la finca y su propósito de generar una artificiosa litigiosidad para no cumplir sus obligaciones, auxiliado para ello por Sierra y puestos de acuerdo con Torremocha. Para las acusaciones, Gil se valió de la confianza que tenía con el duque, al haber efectuado anteriormente gestiones para él, y de la limitación que su enfermedad le producía.

Concretamente, el fiscal relataba en su escrito de acusación que Gil, Sierra y Torremocha hicieron creer al duque que habían, surgido controversias que hacían necesario un arbitraje.

El fiscal agregaba que Gil, Sierra y Torremocha designaron como árbitro a César Antón, que para el representante de la fiscalía "no iba a ser imparcial al ser empleado" del primero y al estar también de acuerde, con los otros dos, y destacó que de momento el duque ha recibido sólo 75 millones de pesetas. Sin embargo, insiste la Sala en que existían unos gravámenes de la finca distintos y superiores a los señalados en los contratos.