juez de Intelhorce imputa los tres notarios que visaron la privatización

El juez instructor del caso Intelhorce, Juan Francisco Ramírez Barroso, ha imputado un presunto delito de falsedad en documento público a tres notarios que intervinieron en la operación de privatización de la fábrica en agosto de 1989. A las imputaciones ya mantenidas contra Emilio Garrido Cerdán y Fernando Escartín Ipiens, se sumó. ayer la de Juan Manuel Jorge Romero, quien acudió a testificar al juzgado como testigo.El juez sustenta sus imputaciones en el hecho de que en la escritura de compraventa no aparezca el aval de 2.000 millones de pesetas que se exigió a los compradores de Intelhorce para cerrar la operación, pese a que en las escrituras se afirma que "se adjunta testimonio del aval". En los documentos sólo ha aparecido una fotocopia del aval, pero en la matriz no consta el preceptivo original. Jorge Romero declaró al juez que un notario tiene la obligación de dar fe de la existencia del aval y que basta con comprobar su existencia, sin que sea necesario adjuntarlo, a pesar de que se utilice esta expresión.

Según consta en el sumario, no existió constancia del aval hasta el mes de octubre de 1989, cuando la escritura de compraventa se firmó el 4 de agostó. El comprador de la fábrica, el empresario italiano Giovanni Orefici, único inculpado que permanece en prisión, utilizó el dinero que el Estado aportó como ayuda para ampliación de capital a Intelhorce en el momento de la venta para contragarantizar el aval. En total, Orefici recibió de ayuda pública 4.869 millones de pesetas que fueron depositados en una cuenta del Banco Exterior, con cargo a la cual se extendió un talón de 1.800 millones que fue depositado en la entidad avalista, Fianzas y Créditos, como contragarantía. Es decir, el comprador garantizó la operación con parte del propio bien adquirido.

Para aclarar esta operación, el juez ha citado para hoy al presidente de la fábrica antes de la privatización, Diego García Morales, quien en una comparecencia anterior reconoció Aue él firmó el talón y que lo haría siguiendo instrucciones. La acusación particular ha indicado que García Morales debe explicar quién en concreto le dio órdenes de endosar el taló y a quién se lo entregó. En los próximos días también será citado a declarar nuevamente el ex subdirector general de Patrimonio del Estado Miguel Ángel Herrera Chamorro, quien, según el abogado del Estado personado en la causa, tenía en su poder el original del aval. Herrera Chamorro está imputado por el juez de presuntos delitos de malversación y prevaricación "negligentes".