La función creó el órgano, pero ¿quién lo financiará?

La función crea el órgano. Desde marzo de 1995, cinco jóvenes -tres psicólogas; una abogada y una trabajadora social- orientan, asesoran y atienden a las víctimas de algún delito o perjudicados en algún pleito, que acuden en demanda de ayuda al Servicio de Atención a las Víctimas (SAV), ubicado en la sede de los juzgados de la madrileña plaza de Pastilla. Trabajan gratis, pero tras 10 meses demostrando la utilidad de la función, ha llegado la hora de financiar el órgano.La idea fue de la decana de los juzgados de Madrid, Manuela Carmena, a raiz de un trabajo premiado a la psicóloga de la. clínica médico-forense, Blanca Vázquez, sobre la necesidad de prestar atención a las víctimas. Carmena no esperó al respaldo ministerial ni a su dotación para crearlo.

La asociación SAV, creada en marzo de 1995, tiene entre sus fines "humanizar y acercar la justicia al ciudadano", "velar por los derechos de la víctima", "proporcionar la asistencia a la víctima desde el primer momento y el apoyo psicológico y social necesario". Las psicólogas Mar Calle, Asunción Calle (no familiares, a pesar del apellido) y Amparo Martínez; la abogada Mar¡ Luz, Hernández, y la trabajadora social Belén Imedio se pusieron manos a la obra.

Unos carteles confeccionados a mano indicaban el camino desde el vestíbulo del edificio. Durante estos primeros meses, el 56 % de los usuarios fueron enviados al SAV por el vigilante jurado, el 12 % por los jueces de instrucción y de guardia y el 10 % por las comisarías de policía. En septiembre de 1995 quedó inscrito en el registro de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la comunidad de Madrid y el 14 de diciembre se firmó un convenio de colaboración con Justicia e Interior, que cedió el despacho, material, teléfono y mobiliario.

Pero ¿quién financiará los sueldos de las cinco, profesionales? El Consejo General del Poder Judicial bendijo la iniciativa, pero no se ha hecho cargo de su coste. Justicia e Interior tampoco. Economía no respondió a la propuesta de financiarlo con el importe de las subastas de los bienes robados, que se ingresa en el Tesoro. En cambio, el presidente de la comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, ha comunicado al SAV su "máximo interés" en este asunto. El coste calculado es de 14 millones anuales.