El descenso en los conflictos laborales logra que se dicten sus sentencias en menos de tres meses
Los juzgados de lo social de Madrid (las antiguas magistraturas de Trabajo) son un bálsamo si se les compara con los de primera instancia o de lo civil. La Ley de Procedimiento Laboral, más ágil y eficaz que la civil, y el descenso de la conflictividad laboral registrado en los últimos dos años son la causa de que estos órganos estén resolviendo sus asuntos en menos de tres meses.La jurisdicción social, que ocupa a 500 personas entre jueces, secretarios y funcionarios, es la menos congestionada de todas. Un ciudadano que acuda a un juzgado de lo social obtiene una respuesta judicial (o sentencia) en un plazo, en la mayoría de los casos, inferior a tres meses, según afirma Pablo Aramendi, titular del Juzgado de lo Social número 33 de Madrid y delegado del decanato en estos juzgados.
La cifra de asuntos laborales contabilizada el año pasado (30.875) es un 12% inferior a la registrada en 1993 -en consonancia con el "repunte de la economía", afirma Aramendi- y similar a la de 1991. En 1993 se registraron 38.662 asuntos unos cinco mil más que en 1994.
Los juzgados de lo social asumieron en 1995 un total de 8.551 procedimientos por despido y 6.254 por cuestiones relacionadas con la Seguridad Social. Además tramitaron 353 expedientes por sanciones impuestas por empresas a trabajadores y 395 por discrepancias respecto a vacaciones.
El capítulo más nutrido lo forman las demandas por reclamaciones de cantidad: 13.192 asuntos.
La carga de trabajo que soportan en la actualidad los juzgados de lo social se puede asumir sin que haya grandes dilaciones antes de que los jueces se pronuncien sobre los asuntos: cada juez resolvió el año pasado entre 800 y 900 asuntos.
"Estamos mejor que en 1991", señala Aramendi, "aunque ahora hay nueve juzgados más que entonces, incluidos dos en Móstoles (39 en total). La social, ahora, es una jurisdicción que razonablemente satisface las necesidades de justicia de los ciudadanos en este orden", agrega.
La CSIF, sindicato mayoritario en el sector de justicia, no está de acuerdo con el juez Aramendi. Asegura el sindicato que estos juzgados tampoco escapan al exceso de trabajo. Esto se traduce en grandes dilaciones', según el presidente nacional de la CSIF, Andrés Sanz Cabezuelo.
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