El fiscal pide que Barrionuevo siga en libertad pero reclama una fuerte fianza

, El fiscal del Tribunal Supremo José María Luzón, hundió ayer las esperanzas del ex ministro del Interior, José Barrionuevo, de poder continuar en libertad sin fianza. El fiscal informó a favor de que el ex ministro tenga que abonar una fianza para que pueda seguir en libertad. No se pronunció por ninguna cifra, pero dio a entender, según diversas fuentes, que ésta debía ser "elevada" y acorde a las de otros procesados. El juez del caso GAL, Eduardo Móner, notificará hoy su decisión, que probablemente será la imposición de una fianza de entre 30 y 50 millones de pesetas.

Del las partes personadas en el caso, dos pidieron ayer la prisión sin fianza; cuatro solicitaron que deposite una fianza para seguir en libertad, otras cuatro pidieron que mantenga su actual situación de libertad sin fianza y otras tres se abstuvieron.La posición el fiscal, considerada clave en la determinación de la fianza, fue totalmente contraria a los intereses del ex ministro José Baririonuevo. Todas las fuentes consultadas afimaron que el fiscal se pronunció formalmente "contra la prisión" y no se pronunció sobre la cuantía de la fianza, pero sugirió o dio a entender que ésta debía ser "elevada" o "acorde, o proporcionada" a la de otros procesados, en alusión a las de Rafael Vera o Julián Sancristóbal.

Las fianzas de los procesados del caso GAL comprenden un amplio abanico que llega hasta los 200 millones impuestos a Vera o 125 millones a Sancristóbal aunque las cifras más habituales se sitúan entre los 25 millones de pesetas exigidos a Damborenea o Juan De Junto y los 10 millones a Francisco Álvarez, Julio Hierro o Francisco Saiz Oceja. Pero la generalidad de los abogados presentes en diligencia practicada ayer por Móner señalaron que el fiscal había sugerido que se depositase una elevada cantidad para que Barrionuevo no fuera a prisión.

Delitos

El fiscal Luzón dijo de forma genérica que se habían "corroborado todos los indicios" contra Barrionuevo y mencionó los delitos de detención ilegal y malversación. También solicitó que el ex ministro comparezca periódicamente ante el tribunal.El abogado de la acusación popular, Teodoro Mota, mantuvo su postura de que Barrionuevo debe ir a la cárcel sin posibilidad de salir bajo fianza. Mota adujo la alarma social provocada por el caso GAL, y la posibiliad de que Barrionuevo haya incurrido en más hechos delictivos. El acusador popular fue incluso más lejos al afirmar: "Creo que ha tenido la posibilidad, y así lo ha hecho, de presionar a alguno de los careados" y expresó su temor de que Barrionuevo "pueda manipular aún pruebas". Su petición de prisión incondicional sólo fue respaldada por un pasante enviado por el letrado Miguel Castells, quien representa a algunas de las víctimas de dos atentados de los GAL.

Pablo Jiménez de Parga, abogado de Barrionuevo, pidió que no se adopten medidas contra el ex ministro ya que no hay indicios de criminalidad contra él. El abogado afirmó que no concurre ninguna de los requisitos que el Tribunal Constitucional exige para adoptar medidas cautelares, ya que Barrionuevo siempre ha estado a disposición de la Justicia, no hay ningún riesgo de destrucción de pruebas doce años después de los hechos "e incluso la acción popular", dijo, "ha dicho que no hay riesgo de reiteración delictiva". El letrado agregó que los delitos de detención ilegal y el relacionado con banda armada estarían prescritos y no hay pruebas sobre la existencia e malversación.

También informaron a favor de la libertad sin fianza el catedrático Manuel Cobo del Rosal, abogado de Rafael Vera y el abogado del Estado, quien se opuso de forma muy contundente a la prisión y aseguró que es muy dudosa la existencia de los delitos que se imputan al ex ministro. La sorpresa corrió a cargo del abogado Francisco Jofresa, representante de Segundo Marey, la víctima del secuestro, quien no apreció motivos para modificar la situación de libertad de Barrionuevo. A favor de la libertad del Barrionuevo, pero con la imposición de una fianza informaron el fiscal del Tribunal Supremo y los abogados del ex secretario general de los socialistas vascos Ricardo García Damborenea, el ex director de la Guardia Civil, Luis Roldán y el ex jefe superior de policía de Bilbao, Miguel Planchuelo.

El catedrático José María Stampa Braun, abogado de Julían Sancristóbal aseguro que las defensas carecen de legitimación activa par pedir procesamientos y medias cautelares. En consecuencia, declinó pronunciarse sobre las mismas. En esta misma línea se situaron los abogados del ex jefe del Mando único de la Lucha Contraterrorista, Francisco Álvarez, y el abogado de los ex policías José Amedo y Michel Domínguez, Jorge Manrique.