Jarrai amenaza a los autores del informe sobre la violencia juvenil
La organización Jarrai, vinculada a la coordinadora KAS y promotora de la oleada de vandalismo callejero en las ciudades vascas y navarras, ha emitido un comunicado en el que advierte que "anota todos los nombres" de los autores del informe sobre la violencia juvenil en el País Vasco y se, "reserva el derecho a actuar en consecuencia", ya que las alusiones al "núcleo duro" de este vandalismo señalan a Jarrai. El comunicado indica que el informe "es una amenaza directa y grave contra nuestra organización, de la que tomamos clara nota. Anotamos todos los nombres de quienes proponen ésto y nos reservamos el derecho de actuar en consecuencia, defendiendo nuestros derechos, nuestra propia integridad y la de nuestra organización". En referencia a Javier Elzo, uno de los sociólogos que ha coordinado el informe por encargo del Gobierno vasco, pide que el conflicto vasco se solucione "desde una mentalidad policialmente no contaminada" y atendiendo "con respeto la palabra de la juventud vasca", porque "sería lo mejor para nuestro pueblo y para todos, pero sobre todo para ellos".
Más adelante califica el estudio como "un elemento más en la campaña orquestada por Interior", en la que implica a medios de comunicación y la judicatura, para "crear un estado de opinión pública que haga, políticamente rentable y socialmente gratis, una dinámica de castigo hacia la juventud, abertzale y una entrada represiva de calado hacia nuestra organización". Finalmente re procha al estudio no proponer ninguna solución, ya que en sus conclusiones sólo pide mayores niveles de represión "sin ninguna lectura autocrítica".
Críticas de los jueces
Las críticas al informe arrecian también desde la judicatura. El presidente de la Audiencia de Vizcaya, Joaquín Jiménez, afirma que es "injusto y grave" achacar al sistema judicial la impunidad con la que se desenvuelven los jóvenes radicales.Según Jiménez, estas imputaciones surgen periódicamente desde hace quince años y reclama a los autores en qué han basado sus conclusiones, "porque la descalificación genérica del sistema judicial es injusta". El magistrado también desea conocer por qué no han sido recurridas las sentencias que consideran impune la violencia callejera.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Jesús María Rodríguez, considera "injustificadas" las críticas y atribuye el clima de impunidad a la existencia de más delitos que sentencias condenatorias.
Por su parte, el consejero de Interior, Juan María Atutxa, expresó ayer su coincidencia plena con el informe, que atribuye a jueces y fiscales una irresponsable falta de compromiso en todo lo relativo a la pacificación del País Vasco. Atutxa recordó que se ha constituido una mesa con diversos departamentos del Gobierno vasco para intentar atajar el problema de la violencia callejera.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
- Gente
- HB
- Jarrai
- Kale borroka
- Magistratura
- Amenazas periodistas
- Política nacional
- Periodistas
- Amenazas
- Violencia callejera
- Fiscales
- Amenazas terroristas
- Adolescencia
- Desórdenes públicos
- Jóvenes
- Periodismo
- Entorno ETA
- Juventud
- País Vasco
- Delitos orden público
- ETA
- Grupos terroristas
- Partidos políticos
- Comunidades autónomas
- Administración autonómica