"La violencia callejera nos tiene asfixiados"

Gobernador civil de Guipúzcoa desde septiembre de 1994, Juan María. Jáuregui Apalategui utiliza el euskera en sus alocuciones a los guardias civiles del cuartel de Intxaurrondo. Nacido hace 44 años en Legorreta, en la comarca, guipuzcoana del Gohierri, admite que la violencia callejera tiene "asfixiada" a la sociedad vasca y sostiene que la Ertzaintza debe intervenir en las contramanifestaciones de HB. Antiguo comunista (1973-1989) y encarcelado por participar en las protestas contra el juicio de Burgos, milita en el PSE-PSOE.Pregunta. ¿Qué resultados ofrece un año después la nueva etapa que el equipo del ministro Belloch abrió en Interior?

Respuesta. Ofrece transparencia y eficacia en todos los terrenos, incluido el de la lucha antiterrorista. La última serie de atentados no debe hacemos perder la perspectiva de que la democracia está ganando la batalla a ETA, aunque ésta sea una pelea sujeta a avances y retrocesos cíclicos. Lo novedoso es que a los alentados hay que añadir ahora una violencia callejera diseñada por ETA y HB que multiplica, la impresión de anormalidad en Euskadi y que nos tiene verdaderamente asfixiados. Frente a eso, lo que hay que hacer es actuar con la ley en la mano.

P. ¿Percibe usted indefensión en los ciudadanos e impunidad en los agresores?

R. Está claro que los autores de los destrozos y de las agresiones actúan con una notoria sensación de impunidad, especialmente, aquéllos que operan encapuchados. Y está claro que entre los ciudadanos existe una sensación ele indefensión en la medida en que comprueban que las agresiones quedan impunes. Hay que atajar el sentimiento de frustración hacia sus propias fuerzas de seguridad que ha empezado a extenderse en los ciudadanos.

P.¿Cree que hay frustración hacia la Ertzaintza? ¿No existe un cierto solapamiento entre las distintas policías y un conflicto latente con los jueces?

R. Soy un autonomista ferviente y, por tanto, un firme de fensor de la Ertzaintza, pero creo que tiene que intervenir ante las contramanifestaciones reiterada mente prohibidas, tal y como lo hizo en Ordizia cuando los manifestantes de HB trataron de in terceptar la marcha ciudadana de apoyo a la propia policía autonómica. Por lo demás, cada cual, jueces y policías, deben realizar su trabajo, por duro que resulte. Si los jueces dicen que sólo se pueden cursar denuncias personalizadas, la policía tendrá que entrar en las contramanifestaciones e identificar al tipo que, encapuchado o arropado por su gente, se dedica a amenazar y a gritar "ETA, mátalos". Contra lo que reclaman algunos, yo no creo que haga falta crear ninguna figura jurídica nueva, estando como está a punto de entrar en vigor el nuevo Código Penal.

P. ¿La nueva etapa en Justicia e Interior ha llegado también al cuartel de Intxaurrondo?

R. En el cuartel de Intxaurrondo se ha abierto, efectivamente, una nueva etapa, entre otras cosas porque existe, de hecho, un nuevo jefe. Respecto a las acusaciones que se han lanzado contra ese cuartel, me parece que ninguna persona sensata debería dar crédito a las imputaciones genéricas. Toda acusación genérica conlleva sí misma el riesgo de incurrir en a gran falsedad lo que sí estoy muy dispuesto es a considerar y a investigar todas y cada una de las acusaciones concretas sobre personas determinadas que puedan hacere. Lo que me consta es que en el cuartel de Intxaurrondo se trabaja actualmente muy bien, con un alto nivel profesional.

P. ¿Usted habría nombrado general al anterior jefe del acuartelamiento, Enrique Rodríguez Galindo?

R. A mí no me correspondía adoptar esa decisión. Es una hipótesis que no he querido plantearme.

P. ¿El nuevo equipo de Interior no se había asignado la misión de depurar las supuestas responsabilidades de miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado en los asesinatos de Lasa y Zabala y las muertes de otros miembros de ETA?

R. Conviene recordar que fue la propia Secretaría de Estado del Interior la que creó la comisión de investigación que está trabajando intensamente en casos como la desaparición de asa y Zabala. Se ha investigado exhaustivamente a una serie de guardias civiles que estuvieron destinados en el cuartel de Intxaurrondo durante los años 84, 85 y 86, y como resultado, alguons de esos guardias han tenido que comparecer ante el juez, que será quien deberá ahora adoptar las correspondientes decisiones. Espero que éstos casos sean resueltos favorablemente y que podamos dar¡ a la sociedad una satisfacción identificando con nombres y apellidos a los autores probados dé aquellos hechos.

P. Usted dijo en cierta ocasión que la Guardia Civil tenía que salvar su honor deteniendo a los asesinos de Lasa y Zabala. La investigación sigue encontrando gran resistencia dentro de propia Guardia Civil?

R. El corporativismo es un mal general, pero resulta particularmente perverso cuando se manifiesta en tomo a hechos delictivos cometidos supuestamente por miembros de las propias Fuerzas de la Seguridad del Estado. Todo cuerpo policial, incluida la Guardia Civil, debe estar interesado como el que más en depurar los casos delictivos que puedan darse en su seno.

P. ¿Lo hace? ¿Cómo se explica que a estas alturas no se hayan esclarecido hechos que contaron previsiblemente con decenas de testigos directos o indirectos?

R. La Guardia Civil está colaborando, naturalmente, pero mentiría si dijera que no hemos encontrado serias resistencias en determinados ambientes más o menos relacionados con los sospechosos. Además, han pasado bastantes años de todo aquello, y e so complica más las cosas. Así y todo, la investigación funciona, hasta el punto de que ha permitido al juez Bueren tomar las primeras declaraciones.

P. ¿Felipe González no es responsable de lo que ha pasado en Interior? Me refiero a los GAL.

R. Podemos buscar responsabilidades hasta el infinito, pero no puede negarse que los socialistas hemos asumido nuestras responsabilidades políticas. Ahí están las dimisiones para probarlo. ¿Quieren que también dimita González? Veremos qué piensan los ciudadanos en las elecciones. Conviene recordar que las responsabilidades pena les deben ser establecidas por el poder judicial y que mientras éste no se pronuncie, todo lo de más son especulaciones.

P. ¿Qué opina de la cena de apoyo a José Barrionuevo?

R. Que ha dado pie a interpretaciones capciosas de todo tipo, desde quienes la han considerado como una forma de presión al juez hasta los que piensan que en la fiesta sólo faltaba Julián Sancristóbal. Yo la interpreto como un gesto de solidaridad con un compañero en dificultades.

P. Si es así, ¿por qué no asistió nadie del actual equipo de Interior?

R. No creo que fuera el momento más oportuno para una cena de ese estilo.

P. ¿Qué opina del diálogo con ETA como estrategia pacificadora?

R. Que es incurrir en un do ble error. Nadie puede jugar con el voto de los ciudadanos ni aceptar soluciones que violenten la voluntad mayoritaria de los vascos. Y en segundo lugar, creo que se equivocan los que piensan que en una negociación con ETA los demócratas vamos a negociar lo que nosotros queremos. Si ETA acepta el diálogo es porque cree que puede dividir a los partidos vascos o porque piensa que puede forzar, al Esta do a asumir sus planteamientos.

P. ¿Hasta qué punto la política de su partido no está subordinada a la del PNV en materia antiterrorista?

R. El PSE tiene una política clara y nítida en ese terreno, pero es verdad que en la práctica alguna militantes socialistas mantienen actitudes de supeditación a la política nacionalista. Es cierto también que algunos dirigentes del PSE se han pronunciado a favor de la negociación recurriendo a planteamientos clásicos, como el de los derechos históricos de los vascos, pero afortunadamente el PSE como tal no comparte esa tesis. Lo que tenemos que hacer es acabar cuanto antes con la división entre los partidos, con los devaneos y las actitudes irresponsables, con ese juego de propuestas que benefician claramente a ETA.