Sólo siete de los 39 inculpados por Barbero en el 'caso Filesa' se sentarán en el banquillo

, Sólo siete de los acusados en el caso Filesa -financiación irregular del PSOE- se sentarán en el banquillo de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Ayer, el juez Enrique Bacigalupo, que sustituyó a Marino Barbero en la instrucción de la causa, dictó auto de apertura de juicio oral. El juez Barbero había imputado delitos a 39 personas, entre cargos y militantes del PSOE y directivos de empresas y banqueros. En opinión del fiscal, la lista debería reducirse a 23. Bacigalupo la ha dejado en siete. El caso se sigue por falsedad de documentos mercantiles, emisión de facturas falsas, delito fiscal y delito electoral.

Algunos dirigentes del PSOE se mantienen como acusados, pero para otros, como Guillermo Galeote, ex secretario de Administración y Finanzas del partido, o Aida Álvarez, ex coordinadora de Finanzas socialista, se ha acordado el sobreseimiento.Los siete que se sentarán en el banquillo son Josep Maria Sala, senador y dirigente del PSC; Carlos Navarro, ex diputado del PSOE y ex responsable de finanzas del grupo parlamentario socialista; Luis Oliveró, administrador único de las empresas Filesa, Malesa y Time Export y tío político de Navarro; Alberto Flores, vinculado a las tres sociedades y hermano de la senadora socialista Elena Flores; Ramón Moreda, ex administrador general del PSOE en las elecciones de 1989; Carlos Ponsa, socio fundador de Time Export, e Íñigo Larrazábal, de El Viso Publicidad, responsable de las campañas del PSOE.

Además de recortarse la lista, el Fiscal no podrá mantener las peticiones que en octubre formuló contra los acusados, pues el juez Bacigalupo ha sobreseído también algunos de los delitos fiscales y de falsedad, uso de información privilegiada, fraude de subvenciones, malversación de caudales, tráfico de influencias o estafa que les afectaban.

Sala, Navarro, Oliveró, Flores, Ponsa, Moreda y Larrazábal seguirán en libertad, aunque con la obligación de presentarse en el juzgado cada primero de mes.

El juez ha fijado una fianza solidaria de 388 millones de pesetas para Sala, Navarro, Flores y Oliveró, con el fin de asegurar las responsabilidades civiles que pudieran establecerse en el proceso y ha declarado a Filesa, Malesa y Time Export responsables civiles subsidiarias. También ha fijado fianzas menores, de 15 millones, para Ponsa y Larrazábal.

El magistrado ha rechazado la práctica totalidad de las peticiones formuladas por el representante del Partido Popular. Sólo ha admitido una: la imputación contra Íñigo Larrazábal, de El Viso Publicidad, por delito fiscal.

El instructor ha acordado también el sobreseimiento libre de todos los empresarios y banqueros (Alfonso Escámez, José Antonio Sáez de Azcúnaga, José Ángel Sánchez Asiaín, y Emilio Ybarra) que financiaron al PSOE porque ya regularizaron su situación fiscal, y también ha denegado la apertura de juicio contra la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.

La argumentación del magistrado para mantener unas acusaciones y sobreseer otras se basa en que, a su entender, en el derecho penal vigente no existe un delito de financiación ilegal o encubierta de partidos políticos, sino, en todo caso, una infracción administrativa por la superación de ciertos límites en las aportaciones económicas, sancionada con multa administrativa. Ninguna acusación ha fundamentado la financiación irregular del PSOE, sino delitos ocasionalmente vinculados a la financiación del partido.

Además, añade el juez, las facturas utilizadas para camuflar fiscalmente los fondos entregados no son falsas. A su modo de ver, las facturas son auténticas puesto que responden a la voluntad del emisor, están firmadas con firma real y el receptor está de acuerdo. Eso no hace que la factura sea falsa, sino mendaz, y eso no es delito. Podría dar lugar a delito fiscal, pero como casi todos han regularizado su situación fiscal, sólo cabe el archivo.

El juez Bacigalupo hace consideraciones acerca de la moralidad del hecho. "Sobre estos hechos", precisa el auto, "cabe un juicio moral o un juicio político. Sin embargo, la Constitución no confiere a ningún juez el derecho a emitir juicios morales o políticos sobre las conductas de los ciudadanos (...) Las razones que pudieran fundamentar un juicio de carácter moral no autorizan a los jueces a crear el derecho que no ha creado el Parlamento" . El resumen que el magistrado hace del proceso señala que "el PSOE habría recibido aportaciones para su financiación de parte de empresas y bancos a cambio de facturas por servicios inexistentes, emitidos por sociedades vinculadas a dicho partido (Filesa, Malesa, Time Export)". Con estas facturas, los donantes habrían incluido en sus declaraciones fiscales partidas por gastos deducibles en el Impuesto de Sociedades. Existen indicios de que las aportaciones pueden no haber sido declaradas correctamente en las cuentas electorales de las elecciones generales y europeas de 1989. Las empresas que expidieron las facturas por servicios inexistentes también habrían omitido declarar como ingresos las cantidades recibidas. Tanto los donantes como los receptores no pagaron el IVA.