ENTREVISTA / Rodríguez Berijo: "Hemos tenido que limitar a los jueces su poder para encarcelar"

Álvaro Rodríguez Bereijo no quiere dar "ninguna idea", así lo dice, sobre el candidato a encabezar las listas electorales del PSOE. Cauto, prudente, se niega a opinar sobre los titulares de primera página, aunque admite que "lo que está ocurriendo en Francia es serio y afecta a todos los países europeos, por lo que sería bueno que en España se centrara el debate político en esos problemas estructurales y no en otras historias...".Pregunta. En los primeros 17 años de Constitución, ¿cuál de los tres poderes del Estado ha sido más disciplinado con ella?

Respuesta. Yo no haría diferencias entre ellos. Si nos atenemos a las estadísticas, la apariencia nos dice que el mayor número de decisiones declaradas inconstitucionales son las resoluciones judiciales, lo cual podría conducir a la opinión engañosa de que son los jueces los que más violan la Constitución. Y eso no es así. En general, los tres poderes del Estado ejercen su responsabilidad conforme a la Constitución, y corresponde a este tribunal marcar los límites.

P. Pero a los magistrados del Supremo no les gusta que se anulen sus sentencias.

R. Ese es un problema en cierto, modo insoluble. La Constitución ha querido establecer una protección primaria de los derechos fundamentales, a través de los tribunales ordinarios, y otra subsidiaria, mediante el recurso de amparo ante este tribunal. Aquí somos muy cuidadosos cuando revisamos las decisiones judiciales, sobre todo las del Tribunal Supremo. En lugar de anular una sentencia del Supremo, a veces le devolvemos el asunto para que lo resuelva teniendo en cuenta el derecho fundamental violado. Esta solución, que no creo más respetuosa, produce además un retraso en el restablecimiento al ciudadano en su derecho fundamental.

P. ¿Qué sentencia destaca de su etapa como presidente?

R. Probablemente la de mayor calado e incidencia, desde el punto de vista constitucional, ha sido la sentencia sobre la prisión provisional [que puso en libertad a Carlos Sotos, ex gerente de una cooperativa de viviendas vinculada a UGT, encarcelado por orden del juez Miguel Moreiras]. Ha tenido una enorme trascendencia y acogida en lo 3 tribunales constitucionales europeos y ha suscitado comentarios muy elogiosos de algunos colegas. En esa sentencia, hemos tenido que fijar límites al poder omnímodo del juez para decretar la prisión. Creo que ha sido un paso muy positivo, porque el Tribunal Constitucional ha actuado conforme al corazón de su función: la protección de la libertad.

P. ¿Cómo se ve, desde el Tribunal Constitucional, el terrorismo de Estado o la corrupción económica de los políticos?

R. No se ve de una manera particular. Son problemas preocupantes para toda la sociedad española. Pero, sobre todo, deben inspirarnos la confianza en que el Estado democrático de derecho que la Constitución consagra cuenta con todos los mecanismos legales y jurídicos necesarios para solucionarlos, sin necesidad de que se ventilen o resuelvan al margen o fuera de los tribunales de justicia.

P. Algunos constitucionalistas creen que la devolución de los presupuestos generales del Estado debería haber desencadenado la disolución de las Cortes. Usted, ¿qué opina?

R. Bueno, no necesariamente. Es clásico y tradicional que tal votación implica una moción de desconfianza hacia el Gobierno, que no siempre lleva consigo la disolución de las cámaras. Puede originar el cese de un ministro, el cambio de gabinete o de su política, o una crisis mas general que conduzca a la disolución.

P. Pero aquí no ha pasado nada de eso.

R. Entre otras cosas, porque el. calendario político preveía ya esa disolución.

P. ¿Cree que los partidos hacen un uso constitucionalmente correcto de la moción de censura y la cuestión de confianza?

R. Tenemos poca práctica todavía, pero a mí me parece un mecanismo muy saludable para dar protagonismo a las formaciones parlamentarias y para resolver las crisis políticas dentro del Parlamento y no fuera de él.

P. A la vista del uso atrabiliario que algunos personajes hacen de la acción popular, ¿sería partidario de suprimirla o de limitarla?

R. De reformarla.

P. ¿En qué sentido?

R. Para evitar su uso abusivo.

P. Eso daría más protagonismo al Ministerio Fiscal. ¿Cree que ejerce de forma satisfactoria su papel de promotor de la justicia?

R. Sin duda.

P. ¿Qué le parece la acumulación de competencias en la Audiencia Nacional?

R. Nació en 1977, pero ha sido respaldada por este tribunal, que declaró ajustada a la Constitución de 1978 la ley orgánica del Poder Judicial y otras leyes que establecieron las competencias o los órganos que integran la Audiencia Nacional.

P. Suele decirse que favorece los jueces-estrella.

R. Esos son problemas que debe resolver el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

P. A su vez, el Consejo ¿debe responder ante el Parlamento?

R. Esa es una respuesta delicada. La independencia del poder judicial es muy importante, casi sagrada en un Estado democrático, de forma que esas comparecencias del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ ante el Parlamento deben hacerse con extraordinaria prudencia.

P. Y los jueces, como titulares de un poder del Estado, ¿responden suficientemente del ejercicio de ese poder?

R. Los jueces son responsables, según la ley, aunque puede tal vez retocarse para que la responsabilidad disciplinaria se exija de forma más eficaz frente al comportamiento de algún juez.

P. ¿Y ante quién responde el Tribunal Constitucional?

R. Ante la Constitución y el pueblo español.

P. ¿Qué pasa si toma una decisión inconstitucional?

R. El tribunal está limitado por la Constitución y su ley orgánica y sería una contradicción que actuara en contra de la Constitución. Se controla a sí mismo, mediante la deliberación de sus sentencias y los votos particulares, que son la reflexión hacia afuera de la autocrítica interna. Y externamente, a través de la crítica de la comunidad de los juristas a sus resoluciones. El tribunal es muy sensible a la opinión no sólo de los juristas, sino de los demás ciudadanos, porque sus resoluciones deben conectar con el sentir de la sociedad.

P. ¿Ve al tribunal de Estrasburgo, que a veces corrige sus decisiones, como una amenaza o un estímulo?

R. Como una amenaza nunca; si acaso es un estímulo.

P. La doctrina de Estrasburgo sobre la defensa de la vida privada, ¿será tenida en cuenta en la sentencia que tiene pendiente el Constitucional sobre la ley de Protección de Datos?

R. El tribunal tiene siempre muy en cuenta esa doctrina sobre derechos humanos, porque además así está previsto en nuestra Constitución. En esa sentencia también lo haremos así.

P. ¿Qué puede hacerse para evitar la tragedia de las renovaciones de órganos como el CGPJ o el propio Constitucional?

R. Ser muy conscientes y muy respetuosos con los deberes constitucionales, en la forma y en el tiempo querido por la Constitución. Estos incumplimientos, aparte de los trastornos en los órganos afectados, a veces transmiten una imagen exterior de mal funcionamiento de las instituciones constitucionales. La democracia también se fortalece con el cumplimiento de estos deberes.

P. ¿Se sentirá usted cómodo con una mayoría parlamentaria conservadora?

R. Al tribunal no le va a afectar en nada.

P. El nuevo Código Penal establece hasta 14 años de inhabilitación para los insumisos. ¿Cree proporcionada esta pena para jóvenes pacifistas?

R. Creo que el Código Penal, que ha tardado mucho tiempo en elaborarse, ha sido aprobado con un amplio consenso de las cámaras, necesita, como la Constitución, respaldo para que se asiente en, la conciencia de los ciudadanos. Más adelante será tal vez necesario replantearse algún retoque parcial.

P. ¿Qué siente cuándo un periódico pontifica sobre lo que tiene que hacer el Constitucional y usted sabe que, si no le obedece, será descalificado?

R. Me produce un profundo desagrado, porque es una muestra de interferencia y atentado a la independencia judicial. Y me molesta igual que el destinatario sea el Constitucional, el Supremo o cualquier otro tribunal.

P. ¿Cómo ve la puesta en marcha del Jurado?

R. Es necesario apoyarlo, para que se consolide. Puede contribuir, con prudencia, sin prisas, a una mayor comprensión social de los problemas que tiene la justicia y a acercar ésta al ciudadano.

P. Ser jurado no entusiasma a todos los ciudadanos.R. Lo que ocurre con estos deberes -el jurado, el servicio militar, los impuestos- es que suelen considerarse bien, pero siempre que los cumplan los otros. Los ciudadanos tienen que entender que esta previsión constitucional es un deber cívico más, aunque resulte incómodo.

P. ¿Quién es el responsable de la actual crispación política?

R. La responsabilidad está bastante repartida. El remedio es que los dirigentes políticos y sociales sean capaces de autolimitar su libertad de expresión. También los medios de comunicación social deben aplicarse esta receta. Sin merma de la libertad de crítica, un país no puede dedicarse al progreso material y espiritual si sus responsables políticos y sociales fomentan y exaltan la innecesaria crispación.