El gobierno aprueba la privatización institucional de hasta el 7% de Repsol

La quinta privatización de Repsol está en marcha. El Consejo de Ministros de ayer acordó que se elabore el real decreto que, según la Ley de Enajenación de Participaciones Públicas, reserva al Estado la autorización de operaciones que pueden poner en peligro la continuidad de la empresa, aunque la participación pública sea minoritaria. El decreto, que se aplicará por primera vez, es necesario porque el Estado puede reducir su participación del 21% al 14%, por debajo del 15% estipulado en la citada ley.

El Consejo de Ministros "tomó nota " ayer del acuerdo del consejo de administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), de 21 de noviembre de vender "hasta un máximo de 21 millones de acciones" de Repsol, equivalentes al 7% del capital, y aprobó la elaboración de un Decreto que, en aplicación de la Ley de Enajenación de Participaciones públicas, sitúe en régimen de autorización operaciones "que puedan poner en peligro la continuidad empresarial". La Ley de Enajenaciones establece, efectivamente, que el Gobierno se reserva el derecho a autorizar operaciones empresariales relevantes cuando la participación pública en una compañía desciende por debajo del 15%. La participación del Estado en Repsol es ahora del 21 % y, si se vendiera el 7%, quedaría en el 14%.La venta de 21 millones de acciones, a precio de mercado (Repsol cerró ayer a 3.950 pesetas) proporcionaría al Estado casi 83.000 millones de pesetas brutas, cifra a la que habría. que restar el coste de la colocación. Esta cantidad se destinará a reducir la necesidad de endeudamiento del Estado y no a las tareas de la SEPI para reducir la deuda del INI.

Juan Manuel Eguiagaray, ministro de Industria, explicó ayer que "el proceso de venta de acciones tendrá lugar en el momento en que se produzcan las condiciones más adecuadas".El borrador de Decreto de Enajenación es sometido, según la Ley, a información pública durante 20 días, para recoger las alegaciones pertinentes. Después irá al Consejo de Estado. Después se remitirá a Consejo de Ministros. En paralelo, La SEPI, Repsol e Industria debatirán las condiciones de la colocación, que deberá esperar como mínimo hasta el 1 de enero y se espera que sea en el primer trimestre de 1996.