Decrece el apoyo popular a la legalización del divorcio en Irlanda en un nuevo referéndum

En la recta final de la campana que culminará el viernes con la celebración de un nuevo referéndum sobre el divorcio, la sociedad irlandesa experimenta la angustia de la división entorno a un tema ya resuelto en la Europa comunitaria. Mesas redondas, debates y artículos periodísticos abordan a diario una cuestión que ha enfrentado agriamente a la Iglesia Católica, a la que pertenece el 92% de la población, con el Gobierno de coalición que preside John Bruton y la totalidad de los partidos políticos.Los partidarios de dar el "sí" a la enmienda constitucional que permitirá a los irlandeses separados por un periodo de cuatro de los últimos cinco años, a volverse a casar, han contemplado con estupor cómo las perspectivas optimistas empiezan a oscurecerse. La última, encuesta publicada en un diario de Dublín la pasada semana mostraba cómo el porcentaje de ciudadanos que piensa votar a favor del divorcio ha descendido del 62% al 47%, en un plazo breve.

A este cambio de actitud que hace suponer un voto mucho más ajustado que el previsto en el referéndum del próximo viernes, ha contribuído, en parte, el impacto de la campaña desarrollada por la Iglesia Católica. Hace apenas diez días, el obispo Thomas Flynn, portavoz de la institución, advertía a los católicos de las irreparables consecuencia del divorcio, que les arrebataría el derecho a recibir los sacramentos.

Pero no es sólo la jerarquía eclesiástica. Muchos ciudadanos de a pié y algunos políticos a título personal no, ven las cosas claras. El viernes pasado el Tribunal Supremo declaró anticonstitucional la decisión del Gobierno de pagar con fondos públicos una campaña. divulgativa del referéndum. El caso había sido presentado a los tribunales por una eurodiputada del Partido Verde, Patricia McKenna, quién consideraba totalmente intolerable que el Gobierno estuviera dispuesto a gastar 800.000 dólares (96 millones de pesetas) en defensa del "sí".

Dos tercios de los irlandeses se pronunciaron en contra de legalizar el divorcio en el último referéndum celebrado en 1986.