El ordenado comerciante

Tenemos Jurado, y nuevo Código Penal; ahora seremos más felices que antes, porque nos permiten (nos obligan, para ser más precisos) a participar en la Administración de una mejor justicia que se apoyará en una que dicen mejor ley; al menos, una mejor justicia penal.No he visto, sin embargo (quizá por inadvertencia mía) el cálculo o estimación del aumento o disminución de trabajo que todo ello va a significar para la organización judicial. Me imagino, a buen ojo, que inicialmente habrá un incremento de trabajo muy importante, aunque sólo sea para aplicar las nuevas normas (que prevalecen sobre las antiguas si aquéllas son más benévolas), a quienes estén cumpliendo condena o en prisión preventiva. No parece que existan datos muy sólidos sobre estos asuntos, pues en cuanto al más llamativo hay sólidas discrepancias entre quienes afirman que el nuevo código va a poner en la calle antes de lo previsto a 13.000 reclusos y quienes sostienen que sólo 1.300, margen, como se ve, apreciable.

Lo que está claro es que a los jueces se les va a amontonar la faena, y yo me pregunto si ese incremento de trabajo está previsto de algún modo que no implique, lo que es muy de temer, un retraso de todo lo demás que no sea la urgente y transitoria tarea.

Es de suponer que algo habrá que no sea la fe ciega en el carácter taumatúrgico de la ley a la hora de aplicarse. De todos modos, quienes van a padecer los efectos negativos de esta situación serán aquéllos que se encuentran en procesos en curso, sometidos a la angustia de la incertidumbre del resultado final, y que verán incrementada su ya pesada dosis angustiosa con el natural incremento del tiempo de la incertidumbre. Es cierto que para algunos los retrasos pueden resultar beneficiosos (véase como ejemplo el de los presuntos etarras puestos en la calle por efecto de la desidia de un tribunal, suceso bien reciente), pero lo normal en el que espera es la angustia, la pesadumbre de un futuro, forma moderna de tortura judicial que tiene el agravante, frente a la antigua, de que ni siquiera se le pueden atribuir virtudes funcionales o clarificadoras de los hechos investigados.

Para que nadie se sienta ofendido, habrá que recordar aquí el número grande de casos que no son noticia porque, por sus debidos pasos, los presuntos implicados pasan a situaciones definidas en el tiempo razonable (aunque también puede ser porque los afectados no son soporte humano suficiente para hacer "noticia"); pero lo que está más que. claro es que casos de desidia judicial los hay numerosos y conocidos, y también que dicho conocimiento deja por lo general a los desidiosos y a quienes podrían poner algún remedio tan imperturbables como si se tratara de esfinges que dictan oráculos. Pues me imagino que si encima les añaden más tarea el efecto puede ser demoledor... para ésos que llamamos los justiciables, esa legión que espera justicia, muchos de cuyos individuos viven, día tras día, una situación de angustia que puede aparejar, en muchos casos, una verdadera ruina vital. Ejemplos, a montones: ahora están sentados en el banquillo unos funcionarios mas o menos, altos que en 1981 ocupaban determinados puestos cuyas funciones han sido relacionadas con el crimen de la colza; 15 años de angustia, de momento; después de varios años, resulta que en parte de aquello de la cesión de créditos no había delito, sino, en su caso, presunta infracción administrativa; una famosa querella contra ex altos cargos de RTVE tardó unos 12 años en... ser sobreseída; éstos y otros muchos insignes casos de impiedad judicial, todos con justiciables o víctimas expectantes, o desquiciados por la espera.

El artículo 127 de la Ley de Sociedades Anónimas dice que "los administradores deben desempeñar su cargo con la diligencia de un ordenado empresario y de un representante leal". Cuando un administrador no lo hace así le pueden caer algunas desagradables consecuencias, económicas o penales. No sé si es mucho pedir que a los jueces que tratan asuntos penales se les exija, no digo más, sino de momento la misma diligencia que a un ordenado empresario. Quizá fuera un estado satisfactorio aquél en el que los jueces (todos, no sólo la mayoría) se comportaran según ese patrón de conducta (estándar, para que se entienda bien) que nuestras leyes exigen a los comerciantes. Disminuiría el sufrimiento gratuito de los que esperan (Justicia) más de lo debido.