La Audiencia Nacional alega que los defensores de los etarras no colaboran y Prisiones demora los traslados

La Sección Segunda de la Audiencia Nacional señala en un informe enviado por su presidente, Clemente Auger, al Consejo del Poder Judicial que la polémica puesta en libertad del comando Matalaz de ETA fue acordada "en consideración al tiempo total de la tramitación de la causa y al derecho a ser juzgado en un plazo razonable o a obtener la libertad". Los cuatro activistas quedaron libres tras cuatro años en prisión preventiva. Tres de ellos huyeron.El tribunal menciona las demoras provocadas por las defensas de los etarras, pero subraya la desproporción que significaría atender únicamente a estas dilaciones porque, indica, "representan una parte muy reducida del tiempo total de la tramitación de la causa". Por añadidura, cuestiona hasta qué punto esas dilaciones "serían trasladables a los procesados".

Aun así, la Audiencia resalta hasta ocho cuestiones que retrasan los juicios sobre terrorrismo. Una de ellas es precisamente la actitud no colaboradora, cuando no claramente obstruccionista, de las defensas". Los abogados, segun el tribunal, "corrientemente incumplen los plazos señalados, a veces sin justificación y otras aportando una insuficiente o que esconde fines no previstos en el proceso". Frecuentemente alegan, la imposibilidad de ejercer el derecho de defensa debido a la política de dispersión de presos.

Para evitar estas situaciones se trató de llegar a un acuerdo con las autoridades penitenciarias para que los presos de ETA estuvieran en prisiones de Madrid con antelación suficiente. "Sin embargo", alega el tribunal, "ese traslado no se produce sino hasta los días justamente anteriores al juicio".

La Audiencia subraya también el "rigorismo formal" de los defensores al exigir fotocopias de la totalidad de las actuaciones y lamenta la "falta de capacidad de respuesta coercitiva eficaz por parte de los tribunales para que las defensas cumplan lo requerimientos que se les efectúan".

Otras dificultades apreciadas son la negativa del Colegio de Abogados de Madrid a designar abogados de oficio, la intervención casi obligada del intérprete de euskera, los retrasos en la conducción de presos y la obligación de compartir la sala antiterrorista.