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El Gobierno demoró más de un año la expulsión del guardia civil Dorado, condenado por cohecho

El Gobierno demoró en más de un año la expulsión de la Guardia Civil del ex sargento Enrique Dorado Villalobos, Quique, principal sospechoso del caso Lasa y Zabala, pese a que la condena por cohecho que le impuso la Audiencia de San Sebastián conllevaba la separación inmediata. Además, Defensa no ha publicado en su boletín oficial, como hace siempre, la concesión de una pensión para este ex suboficial. El juez Bueren investiga los ingresos millonarios supuestamente recibidos por Quique y por, su compañero Felipe Bayo mientras estaban en prisión por robo.

El pasado 6 de junio, el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa (BOD) publicó una orden del ministro, entonces Julián García Vargas, por la que se expulsaba de la Guardia Civil al sargento primero Enrique Dorado Villalobos. En la orden se hacía constar que la "pérdida de la condición de militar de carrera" del ex suboficial era consecuencia de la sentencia que dictó el 22 de septiembre de 1992 la Audiencia Provincial de San Sebastián, que le condenó por sobornar a un responsable fiscal para que relajase la vigilancia durante la descarga de un alijo de tabaco. Esta sentencia adquirió firmeza el 11 de marzo de 1994, por lo que la expulsión se aplicó con carácter retroactivo desde dicha fecha.A pesar de que la expulsión es de aplicación automática para los miembros del Ejército y la Guardia Civil en este tipo de condenas, el Gobierno tardó más de un año en aplicarla. El Ministerio de Justicia envió a Defensa el expediente de separación del servicio el 24 de abril de este año, más de 13 meses después de que la sentencia adquiriera firmeza. La tramitación del expediente, una vez en Defensa, duró sólo 37 días.

El 1 de junio, el ministro García Vargas, poco antes de dimitir de su cargo por el escándalo de las escuchas del Cesid, firmó la orden de expulsión de Dorado. El mismo día firmó también la concesión de una pensión por inutilidad psicofísica en acto de servicio para el ex sargento, antiguo hombre de confianza del entonces jefe del cuartel de Inuaurrondo, Enrique Rodríguez Galindo.

, La pensión concedida a Quique, que alegó padecer el síndrome del Norte, le garantiza el cobro del 200% de su retribución hasta el retiro y tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero de 1994, por lo que el expulsado no ha dejado de cobrar ni un solo día.

Fuentes de Defensa indicaron que la pensión de inutilidad es compatible con la expulsión y sólo admitieron que "podría haberse producido algún error administrativo" en la tramitación de los expedientes.

Las mismas fuentes no supieron explicar por qué razón no se ha publicado en el boletín oficial del ministerio la pensión concedida al ex sargento, como sé hace siempre con todas las resoluciones de este tipo.

Por su parte, el juez de la Audiencia Nacional Carlos Bueren, instructor del caso Lasa y Zabala, está investigando el origen de las cantidades millonarias supuestamente recibidas tanto por Dorado como por su compañero Bayo Leal, tras su ingreso en prisión por el robo a un comercio de Irún (Guipúzcoa) en 1986.

Según fuentes policiales, Bueren ha pedido a diversas entidades bancarias los movimientos de las cuentas de ambos agentes y de algunos familiares suyos, así como las declaraciones de la renta de Dorado y Bayo, quienes cobraron directamente o a través de terceros cantidades de hasta cinco millones de pesetas.

Medios policiales creen que este dinero procede de los fondos reservados de Interior, sin que hasta ahora se haya encontrado justificación a estos pagos. "No cabe pensar que fueran premios por servicios realizados ya que, además de ser cantidades muy abultadas, Dorado y Bayo no pudieron hacer tales servicios policiales puesto que estaban encarcelados", dijo ayer una fuente policial.

Declaración de la renta

Es extraño, sin embargo, que el ex sargento hiciera constar parte de estos ingresos atípicos en una de sus declaraciones del impuesto sobre la renta, según fuentes próximas a la investigación. El ex abogado del Ministerio del Interior Jorge Argote ingresó varios talones de cinco millones en cuentas de familiares y amigos de Dorado y Bayo, según El Mundo.

Un ex alto cargo de Interior aseguré ayer a EL PAÍS que los presuntos pagos con fondos reservados a Dorado y a Bayo "no fueron autorizados ni conocidos" por el ministerio. No obstante, la misma fuente no descarta que se hubiera producido un "desvío" de parte de los fondos reservados que Interior daba a la Guardia Civil.

La Policía Judicial, por su parte, ha comprobado que Dorado y Bayo han recibido durante los últimos años "un goteo" de dinero, que oscila entre cinco millones de pesetas, en unas ocasiones, y medio millón, en otras. Fuentes policiales aseguran que estos ingresos no tuvieron carácter periódico mensual ni anual.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 7 de noviembre de 1995

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