Segunda suspensión del juicio a un 'comando' de ETA a tres meses del plazo de prisión preventiva

El fantasma del comando Matalaz de ETA volvió ayer a la Audiencia Nacional. El juicio contra 11 integrantes y colaboradores de un grupo del comando Vizcaya fue suspendido por segunda vez por la incomparecencia de los defensores -letrados de HB- ante la Sección Segunda de la Audiencia. El 29 de enero vence el plazo máximo de prisión preventiva para la mayoría de los acusados, por lo que, en caso de que no se inicie antes la vista oral, algunos de los afectados, para los que se piden penas de siete años de cárcel en adelante, tendrían que ser excarcelados. Recientemente, tres de los cuatro miembros del comando Matalaz se fugaron al ser puestos en libertad tras cuatro años de prisión preventiva.

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El tribunal, el mismo que excarceló a los tres integrantes del comando Matalaz, atribuye la incomparecencia a maniobras dilatorias de los abogados de HB y estudia deducir testimonio para proceder penalmente contra ellos. Ayer advirtió a los procesados que la actitud de sus defensores puede perjudicarles, ya que descontarán del plazo de cuatro años, que para varios vence el 29 de enero, el tiempo que consideren imputable a las maniobras dilatorias. Pero los procesados se negaron a renunciar a sus abogados y desecharon la posibilidad de que se les nombrasen otros de oficio.No obstante, para algunos de los otros ocho procesados, para los que el fiscal pide penas de siete años por colaboración con ETA -alojamiento y traslados en coche de los miembros del comando, ayuda en la construcción de zulos- y en algunos casos, 13 años más por depósito de armas o explosivos, el transcurso del plazo máximo de prisión preventiva puede convertirse en su oportunidad de seguir los pasos de tres de los integrantes del comando Matalaz.

El juicio suspendido ayer fue fijado por primera vez el pasado 16 de octubre, pero tuvo que suspenderse por la incomparecencia de los abogados de HB Kepa Landa, Jone Goiricelaya, Iñaki Goyoaga y Aranxta Zulueta, que habitualmente defienden a los presos procedentes de Bilbao.Según fuentes de la Audiencia Nacional, los abogados han mantenido una actitud dilatoria alegando que los presos, al estar dispersos por distintos establecimientos, no están en cárceles de Madrid con los días de antelación suficientes para preparar el juicio; que tienen que atender a otros asuntos; que el tribunal tarda en entregarles las fotocopias para calificar la causa, o que tienen dificultades para localizar a sus testigos.

Ante la incomparecencia de ayer, la fiscal María Dolores Márquez de Prado pidió que el tribunal proponga al Colegio de Abogados que se les incoe expediente disciplinario y que se deduzca testimonio por si han incurrido en responsabilidad criminal. El tribunal desechó la posibilidad de dirigirse al Colegio de Abogados en demanda de medidas disciplinarias, ya que en anteriores ocasiones la corporación nunca ha atendido sus peticiones de actuar disciplinariamente contra estos abogados.

Una fuente de la Audiencia explicó que debido a anteriores incomparecencias de los letrados, los tribunales han pedido al Colegio de Abogados que designe abogados de oficio. Pero tener que sustituir a un abogado de HB para defender a un presunto etarra tampoco es muy popular entre los letrados de oficio y el Colegio se resiste a aplicarla alegando que los presos cuentan con sus abogados de su libre designación.

"Habitualmente tampoco pasa nada cuando se deduce testimonio al juzgado de guardia por si de las actitudes obstruccionistas pudiera derivarse responsabilidad criminal", añadió la misma fuente.

En general, el tribunal lo único que puede hacer es imponer multas de hasta 100.000 pesetas a los abogados, "lo cual no sirve de nada" en estos casos. Y señalar una nueva convocatoria para el juicio, lo cual no resulta a veces tan fácil, según uno de sus magistrados: "La Sección Segunda tiene cubiertas las fechas de juicios hasta marzo o abril del año que viene, y disponemos de la sala blindada una vez cada tres semanas". Así que, para otra convocatoria de juicio, el tribunal tendrá que habilitar sesiones de tarde en las fechas en las disponga de la sala blindada o utilizarla las tardes en las que no la necesiten los demás tribunales.

El juicio suspendido ayer se refiere al sumario matriz del comando Vizcaya, en el que se juzga a los tres activistas Juan Ramón Rojo, Kepa Urra y Javier ,Martínez Izaguirre por pertencía a banda armada y depósito de armas y explosivos. Para éstos, que ya han sido condenados en otras ocasiones por delitos de sangre, el juicio es uno más, de puro trámite.

En particular, algunos de ellos, como Francisco Palacios Capitán y Francisco Zabala Echegaray, que tienen leves condenas o no tienen ninguna, podrían salir si no se celebra el juicio. Los otros procesados son Aitor Olabarría Burón, Juan Manuel Tobalina Rodríguez, María Paulina García Rodríguez, Javier Arraiga Goiricelaya, Josu Eguskiza Bilbao y Encarnación Blanco Abad.

* Este artículo apareció en la edición impresa del lunes, 06 de noviembre de 1995.

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