Borrell crea un código de normas para evitar irregularidades en la contratación pública

El Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (MOPTMA), ha elaborado un catálogo de medidas para incrementar la transparencia en la contratación pública que viene a ser un código de conducta para evitar posibles corrupciones cobro de comisiones. Este texto, calificado por el subsecretario de ese departamento, Antonio Llardén, como "un conjunto de normas internas" para desarrollar la Ley de Contratos del Estado del pasado mes de junio, ha contado con la aprobación de la asociación Seopan, a cuyos dirigentes les ha parecido "positivo".

El código tiene el visto bueno de la Intervención General del Estado. Las medidas deben ser cumplidas por todos los organismos dependientes del MOPTMA. Según el documento, para que estas medidas sean efectivas, deben ser compartidas por las empresas privadas ofertantes y contratistas. Por ello, el propio Llardén dijo que serían muy bien recibidas todas las medidas complementarias que se adopten en el sector privado tanto con códigos deontológicos como con medidas de control interno.Los tres objetivos centrales de este texto son: potenciar las subastas como forma de selección, mecanismos de control y seguimiento de las adjudicaciones y cumplimiento estricto de los contratos. En caso de que no sea posible la subasta, por la complejidad de la obra, se harán concursos en los que se presentará por separado la oferta económica de la técnica para que no se produzcan interferencias. La oferta económica no se conocerá hasta que se califiquen todos los documentos e informes técnicos.

En los concursos se establece un sistema de puntuación: el precio supondrá el 50% de los puntos y el mismo porcentaje el proyecto técnico. Asimismo, para una mejor toma de decisiones se crea una comisión de inversiones que presidirá el subsecretario de este ministerio y los directores de los órganos con competencia en la contratación. Entre las responsabilidades de esta comisión se encuentra la programación anual de las inversiones que deberá hacerse pública al comienzo de cada año.

Llardén reconoció que la Ley de Contratos del Estado ha obligado a paralizar durante tres meses la licitación oficial que ha sido casi nula al tener cada centro directivo que adaptar sus pliegos de contratación a la nueva norma que ha entrado en vigor el pasado 1 de noviembre. En este periodo se han dejado de licitar por valor de 250.000 millones de pesetas que "serán recuperados en un periodo de seis meses". En todo caso, Llardén recalcó que este hecho no supondrá un parón en la contratación y adjudicación de obras, que actualmente es 800.000 millones de pesetas, lo que garantiza trabajo para un periodo de año y medio, según Llardén.

El problema suscitado por el artículo 20 de la Ley de Contratos del Estado que no permite licitar un terreno hasta que esté expropiado será salvado "en los próximos días" quizá por la vía de un decreto específico que será consensuado con los demás grupos políticos, según Llardén.

Seopan señaló ayer en un comunicado que este documento es un avance en la clarificación de las relaciones entre la Administración y las constructoras y pide que estas normas sean seguidas por el resto de las administraciones.

Por su parte el titular del MOPTMA, José Borrell, presentó ayer un informe al Consejo de Ministros sobre el Plan de Vivienda para el periodo 1996-1999 cuyo objetivo es construir 500.000 viviendas. Borrell tratará de consensuar este plan con los consejeros de las Comunidades Autónomas el próximo 23 de este mes.

Cristina Narbona, secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, recalcó ayer que el Plan de Vivienda 1992-95 ha contribuido a rebajar el precio de la vivienda.