Sólo el PP defiende que los terroristas y 'narcos' cumplan íntegra su pena

El ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, tendió ayer su mano a la oposición para pedirle que complete, el consenso alcanzado sobre el nuevo Código Penal. En el discurso que inició el debate del pleno del Senado sobre la llamada "Constitución negativa" Belloch avisó al PP: "No se queden solos una vez más". La popular Rosa Vindel respondió que a su grupo le gustaría votar a favor del nuevo código, pero no podrá hacerlo, dijo, si no se asegura que narcotraficantes y terroristas cumplirán íntegramente sus penas.

En una intervención de acentos persuasivos y elogiosa para la Cámara alta, por los 241 artículos modificados en comisión -de un total de 630-, Belloch trató de romper la actitud del PP de votar en contra o abstenerse con el argumento de que "este proyecto de ley no es ya un patrimonio del Gobierno". El ministro sugirió que "los reparos" del PP "carecen de la consistencia necesaria para justificar, una vez más, su abstención ante un proyecto que presentó el Gobierno, porque me temo", dijo, "que ése es políticamente su vicio: el origen de la iniciativa".Belloch resaltó el "elevadísimo grado de consenso [alcanzado] entre las fuerzas democráticas parlamentarias" y aseguró: "Todos hemos cedido en beneficio de un texto más plural".

Entre otras novedades del Código Penal, el ministro de Justicia e Interior se felicitó de que el Gobierno y el Parlamento hubieran compartido opciones de política criminal como el sistema de penas que, "pese a su rigor, sigue posibilitando la reinserción del delincuente", aseguró. Precisamente en este punto fue donde surgió la oposición del PP, por boca de la senadora Rosa Vindel, que -en línea con lo defendido por Federico Trillo en el Congreso- rechazó el sistema de penas.

Reinserción, razón última

Vindel reconoció que "la reinserción social es la razón última de la pena, pero no la exclusiva", precisó. Aludió a los "tipos de penas diferentes, que el propio Consejo General del Poder Judicial calificó de "un arsenal de penas", a diferencia de otros países democráticos en los que sólo existe la de prisión y la de multa. Evocó al primer ministro de Justicia socialista, Fernando Ledesma, y la llamada reforma de la reforma, "para devolver los presos a donde deben estar". Y aconsejó a Belloch: "No sea recordado usted como su predecesor".La senadora del PP, respecto al consenso pedido, señaló: "El consenso se obtiene o no se obtiene, y cuando no se obtiene, se impone la mayoría". El también diputado del PP Alfredo Prada -que insistió en que el sistema de penas pondrá 13.000 presos en la calle- recordó que su grupo es el mayoritario de la Cámara.

La nueva composición del Senado, tras la elección de nuevos senadores en representación de comunidades autónomas con mayoría del PP, es la siguiente: PP, 113; PSOE, 111; CíU, 15; PNV, 5; Coalición Canaria, otros 5, y Grupo Mixto, 7. En total, 256, por lo que la mayoría requiere 129 votos, que el PSOE prevé, superar para la votación global con el apoyo, al menos, de CiU y CC. Las posiciones globales de los grupos y las votaciones que se registraron ayer mostra ron - que existe una mayoría sostenida favorable al proyecto de Código Penal en torno a los 135 senadores. El PP mantuvo su abstención en las votaciones fi nales de cada título, con 113 votos.

Los preceptos sobre el cumplimiento de las penas gozan de una mayoría suficiente de votos. El artículo 78, muy negociao, establece que, para los delitos más graves, "el juez o tribunal, atendida la peligrosidad criminal del penado, podrá acordar motivadamente que los beneficios penitenciarios y el tiempo del cómputo para la libertad condicional se refieran a la totalidad de las penas impuestas en las sentencias". El mismo precepto prevé que el juez de vigilancia penitenciaria, valorando "las circunstancias personales del reo, la evolución del tratamiento reeducador y el pronóstico de reinserción social, podrá acordar razonadamente, oído el Ministerio Fiscal, la aplicación del régimen general de cumplimiento".

Este precepto, que el PP propone endurecer para que, en todo caso, los tribunales puedan imponer que los beneficios penitenciarios se computen sobre la totalidad de la pena, es impugnado por el PNV. El senador vasco Joseba Zubia explicó que debe suprimirse porque se opone a lo que la Constitución establece sobre la reinserción del delincuente y a la doctrina del Tribunal Supremo sobre que la pena no persigue "la expiación sino la resocialización" del delincuente. Señaló que la aplicación del precepto puede conducir al cumplimiento efectivo de más de 30 años de cárcel, "que constituye un trato inhumano y degradante prohibido por la Constitución".