Ernst & Young recurre la sanción por su auditoría sobre PSV

La sociedad de auditoría Ernst & Young, sancionada en firme por el Gobierno con 71 millones de pesetas por su informe de auditoría sobre la cooperativa de viviendas PSV en el ejercicio de 1991, anunció ayer que "hemos recurrido la sentencia, tanto en vía administrativa como en vía contencioso administrativa", debido a que "la sanción se fundamenta en criterios técnicos subjetivos, sobre los que discrepamos con el ICAC [Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas]".Ernst & Young, en un comunicado hecho público ayer en respuesta al artículo publicado el miércoles en EL PAÍS que informaba de la sanción, manifiesta "rechazar las imputaciones contenidas en dicho artículo, tanto en el fondo como en la forma, por entender que nuestro trabajo estuvo bien hecho". Precisa que "la multa se impone por el ICAC no por negligencia, sino por el posible incumplimiento de Normas Técnicas de Auditoría en la realización de los trabajos con lo que estamos rotundamente en desacuerdo."

E & Y informa además que "el expediente sancionador, como ha reconocido el ICAC, no presupone en ningún momento la existencia de daños y perjuicios para los cooperativistas que, en todo caso, estarían más relacionados con la gestión de la cooperativa y la paralización de las obras a lo que el auditor es ajeno".

Economía ha ratificado, a instancias del ICAC, una sanción de 71 millones a Ernst & Young por la auditoría a PSV en 1991. La sanción es, firme en vía administrativa, puesto que la apelación preceptiva fue resuelta por el ministro de Economía. El recurso presentado por E & Y ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid fue desestimado. Las razones principales de la sanción son: no advertir del uso de dinero destinado a unas promociones para la construcción de otras, no plantear una investigación sobre posibles desvíos de costes y no alertar sobre la ausencia de honorarios de gestión cerrados.